La Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, se ha unido a la Comunidad de Madrid y a la Xunta gallega y ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Se trata de la primera autonomía gobernada por los socialistas que decide interponer un recurso de este tipo contra el Fondo de ayuda a la banca creado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. No obstante, las razones aducidas por la Junta extremeña son similares a las esgrimidas desde Madrid y Santiago. Tal y como ha señalado el propio Fernández Vara, el Estatuto de autonomía “atribuye competencias a la Comunidad” que “la ley del FROB le quita”. Según ha explicado, los informes que los gobiernos regionales realicen respecto a las fusiones “no son vinculantes” según el texto legal, por lo que “se podría producir una fusión en contra de la opinión de las comunidades autónomas”.
El primer Gobierno regional en anunciar un recurso contra el FROB fue el gallego, después de que las negociaciones entre Xunta y el Ejecutivo central por la Ley de cajas gallega, recurrida a su vez por el Gobierno central, no llegasen a buen puerto.
Núñez Feijóo censuró la actitud del Ejecutivo Zapatero por “no presentar ni una sola propuesta en positivo” para corregir un decreto que “invade las competencias de las comunidades autónomas”. El caso gallego es el más complicado puesto que Feijóo tiene la intención de impulsar una fusión entre las dos cajas de la región, Caixa Galicia y Caixanova.
Sin embargo, según las estimaciones de una auditoría realizada por KPMG a instancias de la propia Xunta, esta unión requeriría de, al menos, 1.150 millones de euros del FROB. En los últimos días, ambas cajas habían reiniciado las conversaciones para esta posible fusión, pese a las reticencias iniciales. El tercer recurso es el anunciado ayer por la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, que argumenta que el FROB produce un “vaciamiento de competencias” autonómicas. Tomás Gómez, secretario general del PSM, ha abogado sin embargo porque el Gobierno central controle las cajas, en vez de las comunidades.
Mientras las autonomías recurren el FROB, ayer el Banco de España dio luz verde de una sola tacada a tres procesos de fusiones que requerirán fondos públicos. La que requerirá más ayudas es la de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, con 1.250 millones de euros. La unión, también catalana entre Caixa Manlleu, Sabadell y Terrasa pedirá 380 millones de euros, mientras que la fusión entre Caja Duero y Caja España requerirá del FROB 525 millones de euros.
Cajasur, la caja cordobesa controlada por la Iglesia católica, ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “está estudiando la obligación de pago” del “dividendo” de una serie de participaciones preferentes por valor de 150 millones, que colocó a finales del año 2000. El importe total de este pago, que corresponde “al primer trimestre vencido de 2010”, se situaría alrededor de 1,3 millones de euros.
Las participaciones preferentes son un tipo de instrumentos de capitalización que suelen ofrecer una rentabilidad muy atractiva. En el caso de Cajasur, un cupón del 5,87% anual en los dos primeros ejercicios y Euríbor más el 0,25% a partir de entonces. Sin embargo, estos títulos presentan el riesgo de que este cupón puede dejar de pagarse si la entidad entra en pérdidas, como ha sido el caso de Cajasur, que según se conoció ayer perdió 596,3 millones de euros en 2009.
La entidad dependiente de la Iglesia católica fue, junto a la intervenida CCM, la única en registrar números rojos en 2009. La difícil situación de la entidad la ha llevado a buscar un acuerdo con Unicaja, aunque las conversaciones están bloqueadas.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), vendió ayer su participación en Abertis (1,68%), en una operación en la que se embolsó alrededor de 180 millones de euros, que le servirán para reforzar su solvencia. La entidad alicantina sigue el ejemplo de Bancaja, que hace unos días vendió un 2%, también de Abertis, por 172,8 millones de euros.
Los estrictos requisitos que la Comisión Europea exige a las cajas de ahorros para poder acceder al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), unidos a la dificultad de las cajas para acceder a los mercados, han llevado a las entidades a buscar medidas alternativas, como la venta de sus participadas, para obtener financiación, tal y como ya adelantó EL BOLETÍN.
No obstante, los expertos recuerdan que ya desde el inicio de la crisis hace casi dos años las entidades de ahorro comenzaron este camino de desinversiones. Entre las entidades en adelgazar su cartera de participadas se encuentran Caja Duero y Caja España, que recientemente anunciaron la venta de su participación en Ebro Puleva.
Esta desinversión les ha permitido a las entidades castellanas pedir menos dinero al FROB (alrededor de 525 millones de euros) para su fusión. No obstante, el mensaje oficial es que una vez que Ebro Puleva se deshizo de su negocio azucarero (ahora en manos de British Sugar) no tiene sentido continuar presentes en una firma que ya no tiene casi vinculación con Castilla y León.
Quien también ha iniciado un proceso de saneamiento es Caja Madrid, en este caso fuera de España. Una de las primeras actuaciones de Rodrigo Rato al frente de la segunda entidad de ahorro española será la venta del 40% que posee en la hipotecaria mexicana Su Casita en los próximos dos meses.
