La crisis de las cajas: 300 banqueros imputados, una docena de condenados y ninguno en prisión

Todas las condenas hasta ahora han sido inferiores a los dos años de prisión, permitiendo que ningún antiguo gestor de las cajas haya ido a la cárcel por el momento. La grave crisis del sector financiero –y en especial de las cajas de ahorros– que ha costado a los contribuyentes por el momento 60.718 millones de euros, aún no ha conllevado una depuración de las responsabilidades entre los gestores que llevaron a las entidades a la quiebra. En los lentos cauces de la justicia española hasta 300 directivos y consejeros han sido imputados, pero sólo ha habido condenas por el momento para una docena de banqueros, y de ellos, todavía ninguno ha pisado la cárcel.
 
La justicia española establece el ingreso obligatorio en prisión a partir de los dos años, mientras que si la pena es igual o inferior a ese plazo la decisión corresponde a los jueces, y por regla general si el condenado no tiene antecedentes suele librarse. Hasta el momento, todas las condenas impuestas han sido inferiores a ese ‘plazo límite’.
 
Fue el caso del expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector de la entidad Ildefonso Ortega condenados el año pasado por la Audiencia Nacional a una pena de dos años de prisión para cada uno de ellos por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de CCM, así como a su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de la condena.
 
El magistrado José María Vázquez Honrubia del Juzgado Central de lo Penal les impuso además a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros -111 euros diarios durante nueve meses- y les obligó a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas.
 
En mayo de 2014, el mismo juez Vázquez Honrubia condenó a dos años al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a uno a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas al considerar que los cuatro y el fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba se concedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas y cometieron un delito de administración desleal.
 
Su decisión se opuso a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que había mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión, y permitió a los exdirectivos a no pisar la prisión.
 
Lo mismo ocurrió en octubre de 2015, cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a dos años de prisión a la cúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de 18,9 millones de euros en prejubilaciones.
 
Además de Gayoso, fueron condenados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal.
 
La sentencia incluyó una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que durase la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos. La Fiscalía había pedido tres años de cárcel. Por su parte, la Audiencia absolvió al exdirector general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes.
 
El último banquero condenado ha sido el expresidente de Bancaja José Luis Olivas, condenado a una pena de un año y medio de prisión por falsificar una factura de un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento a Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, que nunca realizó.
 
Este no es el único frente judicial al que se enfrenta Olivas, que fue imputado en los casos Bankia y Banco de Valencia. En 2015 llegó a ser detenido además por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González en el marco de la investigación del proyecto Grand Coral por diversas operaciones en el Caribe.

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