El fiscal considera que el expresidente de Bancaja y el empresario actuaron de acuerdo “con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública”. El expresidente de Bancaja José Luis Olivas y el empresario Vicente Cotino han negado hoy haberse concertado para defraudar a Hacienda, sino que, de acuerdo con su versión, el también expresidente de la Generalitat valenciana se habría limitado a ejercer una supuesta mediación empresarial.
Según recoge la agencia Efe, ambos han declarado como investigados, junto con la mujer de Olivas, Mercedes Álvarez, por presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental en la vista que ha comenzado hoy en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia.
En su declaración, tanto Cotino -sobrino del exconseller del PP, Juan Cotino- como Olivas han defendido que este medió en 2008 para la venta a Endesa, por 39,3 millones de euros, del 25% que Sedesa tenía en Proyectos Eólicos Valencianos (PEVSA).
Esta operación se hizo de forma conjunta con otro 20% del capital que Bancaja poseía en PEVSA, de modo que finalmente se vendió el 45% de la entidad a Endesa.
Se da la circunstancia de que Endesa era la propietaria del 55% restante y que, según han relatado ambos procesados, no tenía interés inicial en hacerse con el total del capital, aunque finalmente lo adquirió ejerciendo un derecho de preferencia cuando Sedesa (Cotino) y Bancaja habían acordado la venta a Iberdrola gracias a la mediación de Olivas, entonces presidente de Bancaja y consejero de Iberdrola.
Olivas ha reconocido haber cobrado, por estas gestiones de mediación, 580.000 euros de Vicente Cotino. Sin embargo, ha defendido que supuso un ahorro de más de medio millón de euros para Bancaja y generó unas plusvalías de 39,3 millones de euros para Sedesa, motivo por el cual cobró los 580.000 euros que había acordado de antemano con Cotino.
Para el fiscal, Cotino y Olivas actuaron de acuerdo “con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública”, para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Sedesa como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol -propiedad de Olivas y su mujer-, en virtud de un asesoramiento ficticio.
Para ello, los acusados “crearon un documento que aparentaba ser una factura” firmada por Olivas, la única que emitió Imarol en 2008.
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