El BCE insta a Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia, la República Checa, Rumanía y Suecia a realizar “ajustes duraderos” para “demostrar la sostenibilidad de sus procesos de convergencia”. “Ninguno de los siete países examinados posee un marco jurídico plenamente compatible con los requisitos para la adopción del euro”. Con esta frase, el Banco Central Europeo (BCE), ha puesto tierra de por medio con los siete candidatos potenciales a incorporarse a la zona euro. De esta manera, Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia, la República Checa, Rumanía y Suecia no cuentan con la totalidad de los requisitos exigidos para adoptar el euro.
El principal escollo que ha identificado el informe bienal de convergencia elaborado por la institución que dirige Mario Draghi tiene que ver con incompatibilidades con respecto a la independencia del banco central, en particular, en lo relativo a su independencia institucional y financiera y a la independencia personal.
No obstante, no son las únicas condiciones incumplidas, según el BCE. La entidad ha identificado que todos los candidatos potenciales, salvo Croacia, cuentan con incompatibilidades con respecto a la prohibición de financiación monetaria y a la integración legal de su banco central en el Eurosistema.
Respecto a los criterios de convergencia económica, el BCE destaca que las diferencias de inflación entre los distintos países han descendido sustancialmente, lo que muestra el progreso hacia la convergencia logrado recientemente. Aun así, las previsiones hablan de un incremento moderado de la inflación en los próximos años.
Pero no han sido todo malas palabras, la institución europea ha identificado ciertas mejoras en lo que se refiere a los criterios fiscales, después de que en 2015 todos los países, menos Croacia, registraron déficits públicos inferiores al 3% del PIB.
“Los países han de poder demostrar la sostenibilidad de sus procesos de convergencia, para lo que se requieren ajustes duraderos en muchos de los países examinados”, ha valorado el BCE. Es por ello que la entidad ya ha instado a los candidatos a introducir políticas fiscales y macroprudenciales que impidan la generación de desequilibrios, así como un marco adecuado para la supervisión de las instituciones financieras, mientras las reformas estructurales deben dirigirse a reforzar la solidez de las instituciones y la gobernanza económica.