El Tribunal Superior de Justicia de la UE celebra una vista sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea celebra hoy una vista oral sobre la retroactividad de las cláusulas suelo en España, en la que serán escuchadas todas las partes involucradas. Una sentencia desfavorable a los intereses de la banca, que no obstante podría retrasarse al menos otro medio año, podría causar un perjuicio para las entidades de casa 10.000 millones de euros.
Según calculan los analistas de Bankinter en un informe, si el tribunal europeo apostara por la retroactividad total, el importe adicional a devolver por el sector serían unos 4.500 millones de euros. Por tanto, el riesgo total potencial en términos de devolución de importes se acercaría a los 10.000 millones, contando estos 4.500 millones más los 5.269 que estos expertos calculan que ascenderá la factura con la retroactividad hasta mayo de 2013 que decretó el Tribunal Supremo español.
La mayoría de este quebranto está ya provisionado por parte de los bancos, apunta Bankinter, siendo, según sus estimaciones, Banco Sabadell la entidad que menos esfuerzo en provisiones habría realizado y, por tanto, la más afectada por esta sentencia. No obstante, el consejero delegado del banco, Jaume Guardiola, señaló la semana pasada durante la presentación de resultados del primer trimestre que la entidad tiene provisiones suficientes para hacer frente a esta situación.
“Las cláusulas suelo son legales y sólo pueden ser nulas si no son transparentes y es preciso acreditar caso a caso”, apuntó Guardiola, que defendió que el Sabadell vende sus productos de manera “transparente”. Aunque el banco no ha constituido provisiones específicas para este caso, tiene constituidas genéricas que utilizará para ello en caso de que sea necesario.
De todos modos, la vista de hoy en el TSJUE supone un paso más para dirimir si la anulación de las cláusulas suelo afecta a todo el tiempo que se aplicaron o sólo desde mayo de 2013, pero para llegar el capítulo final los clientes afectados deberán armarse de paciencia. Tras esta vista, está previsto que el abogado general que se designe para el caso comience su trabajo de cara a presentar unas conclusiones. Este proceso puede tardar entre tres y cuatro meses, dependiendo, entre otros factores, de la complejidad jurídica del asunto.
Después ya sólo quedará la publicación de la sentencia final, para la que no hay ninguna fecha prevista, pero que suele conocerse entre tres y cuatro meses después de que el abogado general haya presentado sus conclusiones.
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