El Gobierno aprueba el Real Decreto sobre autoconsumo tras más de dos años. Las instalaciones entre 10 y 100 kW serán las más perjudicadas. El Gobierno aprobó este viernes el polémico Real Decreto del autoconsumo que establece una serie de cargos para los usuarios que estén conectados al sistema, pero que suaviza las condiciones para los consumidores más pequeños. Más de dos años después del primer borrador, que generó una fuerte oposición, esta regulación supondrá “un nuevo impulso a la generación con energías renovables”, según ha asegurado el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Según explicó el titular de Industria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el nuevo marco para el autoconsumo reconoce dos modalidades, una primera que supone tener una instalación sólo para autoconsumir, que no podrá ser de más de 100 kilovatios (kW) de potencia, mediante la que se podrá verter a la red el sobrante de electricidad pero no podrá ser vendido.
Mientras que la segunda modalidad, para instalaciones de más de 100 kilovatios de potencia, permitirá verter y vender el sobrante, pero para ello se deberá estar inscrito en el registro de productores de electricidad.
Soria destacó que las instalaciones de autoconsumo más pequeñas (menos de 10 kilowatios de potencia, la mayoría de hogares) no tendrán que pagar el término fijo, que está relacionado con la potencia contratada, mientras que las de mayor tamaño (más de 100 kilowatios) sí tendrán que hacerlo, aunque podrán vender su excedente de electricidad «al precio horario del momento en que se está vertiendo esa energía». También se exime a los consumidores de Canarias, a los de Ibiza y Formentera y a los de Ceuta y Melilla.
Las más perjudicadas serán las instalaciones comprendidas entre 10 y 100 kilowatios, no tendrán incentivos porque habrán de pagar los costes regulados del sistema sin posibilidad de recibir contraprestación económica alguna por la energía sobrante vertida a la red.
Además, se crea un registro de las instalaciones de autoconsumo para que el operador del sistema y las compañías distribuidoras puedan conocer las instalaciones de generación que existen en sus redes y garantizar así la correcta operación del sistema eléctrico en condiciones de seguridad. El real decreto contempla un plazo de seis meses para que los consumidores, instaladores y demás agentes se adapten a la norma.
La política sobre autoconsumo del Gobierno ha sido duramente criticada por distintos colectivos del sector de energías renovables, asociaciones de consumidores y ecologistas y una inmensa mayoría de partidos políticos, por atentar contra los principios de eficiencia energética al introducir los “impuestos al sol”.
Sin embargo, uno de sus mayores críticos ha sido la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que en junio publicó un duro informe en el que consideraba que no había que obstaculizar el autoconsumo al considerarlo «imprescindible» para cumplir los compromisos medioambientales de España con la UE.
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