ACS inició el miércoles los trámites para abandonar la concesión del almacén de gas frente a las costas de Castellón. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado hoy que el Gobierno “no tiene otra opción” que indemnizar a por el almacén de gas Castor porque lo exige la normativa.
Según ha explicado en una entrevista en la Cope, el real decreto de 2008 que autorizó la construcción del almacén prevé una indemnización por el valor residual de la inversión en caso de renuncia, un derecho que la promotora del proyecto Escal- participada al 67% por ACS- podría conservar durante 25 años desde el otorgamiento de la concesión. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy declaró que esta condición era lesiva, pero el Tribunal Supremo rechazó suprimir este supuesto.
La compañía de Florentino Pérez inició el miércoles los trámites para abandonar la concesión presentando la solicitud para obtener la autorización a sus financiadores, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la asamblea de titulares de los bonos.
Para defenderse de las críticas, el ministro Soria ha asegurado que ha puesto en marcha medidas a lo largo de los últimos años para minimizar el impacto de Castor, como el recorte de la remuneración y la obligatoriedad de que antes de la apertura definitiva hubiese una apertura provisional.
La plataforma Castor nunca ha llegado a entrar en funcionamiento a causa de los seísmos en la costa de Castellón que provocó la inyección de gas base en el depósito submarino.
ACS financió el proyecto a través de una emisión de bonos, en cuyas condiciones se recogía que si antes de noviembre de 2014 la instalación no había entrado en funcionamiento los bonistas podrían exigir la devolución completa de los 1.400 millones invertidos. Además, si la compañía de Florentino Pérez renunciaba a la concesión -como ha sucedido- sólo tendría que afrontar un pago parcial y el resto debería ser asumido por la indemnización contemplada en la concesión pública.
Hoy por hoy, la sociedad promotora del proyecto reclama hasta 1.700 millones de euros al Gobierno por los costes operativos y gastos extraordinarios. Una abultada partida que desde el Ministerio de Industria se baraja costear con cargas a la factura del gas de los consumidores.
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