De esta manera, tras los últimos datos de la EPA, en la actualidad hay 1.076.299 trabajadores/as de las administraciones en situación de temporalidad, lo que supone una tasa del 30,9%, 11,6 puntos por encima del sector privado, señala el sindicato. Además, continúa, “se da la circunstancia de que el 70% de estos contratos temporales corresponden a mujeres, lo que pone también en evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al Covid”.
“Las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario y continúen abusando de la contratación temporal”, lamenta CSIF. En su opinión, “no puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica”.
Ante esto, el sindicato reclama el desarrollo de la Ley 20/2021 para “estabilizar el empleo” en todas las administraciones y de manera específica en la Educación y la Sanidad, “sectores que requieren una adaptación específica a su legislación”.
“Es necesario, además, agilizar las convocatorias para que proceso de estabilización en las Administraciones Públicas acabe con la desorbitada temporalidad en el sector público y ésta no supere la cifra máxima del 8%” asegura.
