El congresista republicano Andy Ogles, representante por Tennessee, presentó el pasado mes de enero una iniciativa para una enmienda constitucional que aumente el máximo de mandatos. Este podría ser uno de los cauces a través de los que cambiar la ley, pero para ello se requieren unas holgadas mayorías típicas de otro tiempo.
El presidente debería contar con el control de al menos dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado, o con dos tercios de los estados del país. Sin embargo, tras las últimas elecciones, los republicanos cuentan con un 53 por ciento de los asientos en la Cámara Baja y la mitad en la Cámara Alta; mientras que 27 de los 50 estados del país son leales a Trump.
Estados Unidos celebra elecciones legislativas a mitad de mandato, con lo que las cuentas en el Congreso podrían cambiar en favor de Trump, si bien es cierto que parece complicado que pueda hacerse con la mayoría necesaria. Además, el Partido Republicano atraviesa por una etapa complicada en la que las divisiones internas podrían llegar incluso a frustrar algunas políticas del mandatario.
Trump no ha ocultado nunca su deseo de gobernar el país por un tercer mandato y, de hecho, en alguna ocasión ha incidido en que esta prohibición no es inamovible. En este escenario, y en vistas de que una reforma constitucional parece más que complicada, no es descartable que el magnate pudiera buscar otras alternativas para lograr su objetivo.
De hecho, no sería la primera ocasión en que Trump se vale de todo tipo de artimañas para afianzarse en el poder, como ya ocurrió en enero de 2021 y su intento de deslegitimar la victoria de Joe Biden, incluso azuzando a sus acólitos más enfervorizados a irrumpir violentamente en el Capitolio, sede del Poder Legislativo, cuando se procedía a certificar la victoria del candidato demócrata.
Otra posibilidad que podría barajar el magnate es la de hacer valer su control sobre el Tribunal Supremo para que le avalen una tercera candidatura. El más alto tribunal estadounidense está integrado por nueve jueces, de los cuales seis son republicanos y tres de ellos fueron nombrados por Trump en su primer mandato.
El perfil de estos tres jueces es claro, magistrados relativamente jóvenes, de perfil conservador y cercanos a las posturas de Trump con los que ganarse el apoyo del Supremo en caso de necesitar de su decisión en última instancia. Las decisiones del Supremo obligan a todas las demás cortes a respetarlas y sus fallos tienen capacidad de derogar leyes.
De hecho, uno de las principiales voces que ha sugerido que Trump pueda desoír a los tribunales ha sido su vicepresidente, JD Vance, quien con estas declaraciones atentaría directamente a la separación de poderes, clave de bóveda de las democracias.
Sin embargo, algunos expertos apuntan a que precisamente Vance podría ser el caballo de Troya con el que Trump se afiance en la Casa Blanca a partir de 2029. Existe la posibilidad de que el magnate se presentara como vicepresidente en una hipotética candidatura de Vance.
De hecho, la Constitución recoge que el vicepresidente es el primero en la línea de sucesión si el presidente fallece o dimite. Un hipotético paso al lado de Vance le daría vía libre a Trump para seguir al frente del país, eludiendo la Vigesimosegunda Enmienda.
Estas aspiraciones de Trump van radicalmente en contra no solo de la legislación estadounidense, sino también de la tradición en un país donde el mandato de su primer presidente, George Washington, sirvió para que sus sucesores en el cargo siguieran su ejemplo y gobernaran por tan solo dos mandatos.
Washington se erigió en 1789 como el primer presidente de Estados Unidos, y a los ocho años dio el relevo a John Adams, quien hasta entonces había sido su vicepresidente. Aunque la Constitución estadounidense no establecía nada concreto sobre el número de mandatos, todos los que fueron tras Washington siguieron su ejemplo.
Así pasaron los años hasta que en el demócrata Franklin Delano Roosevelt, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, se aventuró a un tercer mandato en 1940 y cuatro años después se impuso para un cuarto mandato del que apenas gozó unos meses, pues murió tan solo unas semanas después de tomar posesión.
Tras su muerte en el cargo, y para evitar que futuros presidentes se asentaran en el poder, fue que surgió la Vegesimosegunda Enmienda para, a propuesta de los republicanos, convertir en norma lo que Washington había planteado como un gesto personal para evidenciar el carácter democrático del puesto y recalcar su rechazo hacia mandatos de tipo monárquico.
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