Foto de archivo del rey emérito en el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución de 1978, en el Congreso (Madrid/España) a 6 de diciembre de 2018. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
En la demanda apuntan a la «naturaleza opaca» del Tribunal Supremo y la Fiscalía. Según las formaciones, no ofrecieron «resultado alguno en los más de dos años transcurridos sin practicar diligencias» desde que en diciembre de 2018 registraron una querella contra el Rey emérito, han comunicado este lunes en una nota de prensa.
Junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, IU y el PCE denuncian que la interpretación realizada por el Supremo de la inviolabilidad referente al Rey emérito «sirvió para rechazar durante esos más de dos años y archivar de manera sucesiva la querella».
«Esta actuación no mereció tampoco el amparo del Tribunal Constitucional, al que se recurrió en 2021, con lo que se agotaron las vías para que la justicia española investigara a Juan Carlos de Borbón», añaden ambos partidos, que comunican de la presentación de la demanda en Estrasburgo dentro del plazo de seis meses previsto por el TEHD, a contar desde la última actuación judicial en el país de origen, en este caso la inadmisión del recurso de amparo por el TC.
La demanda cuenta –destacan en la nota– con el apoyo de las formaciones integradas en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Para los demandantes se ha vulnerado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), «al que está obligada España», toda vez que el Supremo «con un claro ánimo exculpatorio a ultranza archivó sin practicar diligencia la querella».
Según Izquierda Unida y el PCE, el Supremo vulneró al archivar su querella los artículos 6.1 y 13.1 del citado convenio europeo, que hacen referencia al derecho fundamental a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva por parte de un tribunal independiente e imparcial.
Entre otros motivos detallan que no se ha respetado la tutela judicial efectiva porque las actuaciones de la Fiscalía son «ajenas» al sistema judicial, corresponden a una institución jerárquica y su desarrollo está «vetado al público» y no permite personación alguna.
Sobre los argumentos esgrimidos por el Supremo para archivar la querella y por la Fiscalía para no investigar al Rey emérito, los demandantes denuncian que la justicia española «le ha concedido una suerte de inmunidad para ser impune ante la comisión de cualquier delito, lo que va en contra de la legislación europea».
«La justicia española ha dado carta blanca al exmonarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna», sostienen.
Citan, además, la reciente decisión de un juez británico de seguir con la causa abierta en Reino Unido contra Juan Carlos I por la demanda de su examante Corinna Larsen. «La justicia británica considera que no puede ampararse en ningún tipo de inmunidad», consideran las formaciones de izquierdas.
También en su escrito critican la actuación de los magistrados que rechazaron su querella en el Supremo, «encabezados por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena», a quienes achacan una «evidente animadversión y hostilidad». «De esta forma, se produce una apariencia de «falta de imparcialidad» similar a la que ya le valió una condena a España por parte de la justicia europea en otro caso», concluyen.
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