Las cuarenta organizaciones y colectivos convocantes de la gran manifestación del pasado día 13 de octubre han mostrado su indignación por “el silencio atronador” del Ejecutivo de Ayuso, “principal responsable de la emergencia social que estamos sufriendo”, ante la citada marcha. Y cargan contra su gestión en materia inmobiliaria.
De esta manera, critican su “negativa a declarar zonas tensionadas en los municipios madrileños”, así como la “venta del parque público de viviendas a fondos buitre”, “su inacción frente a la flagrante ilegalidad de la mayor parte de los pisos turísticos”, “su política de desclasificación automática de las viviendas de protección pública”, “su sistemática agresión al patrimonio natural por intereses especulativos” y “su sistemático interés de anteponer el negocio urbanístico privado a los derechos ciudadanos”. En su opinión, “estas políticas hacen necesaria una respuesta contundente de todas las madrileñas y madrileños para revertir esta situación”.
Además, apuntan que el Ejecutivo regional “es el responsable directo de la dramática situación que viven los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando de Henares por la construcción de la línea 7B de Metro o la que padecen en la Cañada Real, donde se niega a miles de familias desde hace cuatro largos años el derecho humano fundamental a disponer de energía eléctrica”.
“Asuma su responsabilidad y apruebe medidas de calado”
Los colectivos impulsores de la marcha del 13 de octubre exigen al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que “asuma su responsabilidad, se ponga a trabajar y apruebe medidas de calado para hacer frente a la actual crisis de la vivienda en la Comunidad de Madrid”.
Tras esto, arremeten también contra los ayuntamientos de la región, entre ellos el de la capital, por su “falta de respuesta” al respecto en la mayor parte de los consistorios. “No es de recibo que escurran el bulto ante esta emergencia social y que únicamente contemplen el urbanismo, a pesar de disponer de múltiples competencias en esta materia, como un modo de cuadrar sus presupuestos”, señalan en una nota.
“Tampoco que se desentiendan sistemáticamente de la necesaria adaptación de las ciudades al cambio climático”, lamentan, antes de apuntar también a Moncloa.
Estas organizaciones han calificado de “insuficientes e inadecuadas las iniciativas puestas en marcha por parte del Gobierno central” y han recordado que “las subvenciones y bonos únicamente sirven para aumentar el beneficio de las y los rentistas”. “Tampoco es una solución liberalizar todavía más el mercado urbanístico, suprimir garantías de control o destruir espacios naturales”, alertan.
Recuperar las casas de la SAREB y actuar sobre viviendas vacías
De ahí que hayan insistido en que “lo fundamental es activar medidas para conseguir un gran parque público de viviendas y reducir drásticamente el precio de los alquileres”, como la recuperación de las viviendas de la SAREB y la actuación sobre las viviendas vacías, “expropiándolas por interés público si fuese necesario, hasta recuperar la función social del suelo público de las operaciones Chamartín y Campamento”.
Las organizaciones y colectivos sociales convocantes de esta marcha emplazan a todas las administraciones “a cambiar sus políticas y a actuar para garantizar el derecho básico a una vivienda digna, a la vez que exigimos medidas urgentes desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y de los municipios para reducir los precios del alquiler, incrementar radicalmente el parque de vivienda pública permanente de alquiler social, el cierre de los pisos turísticos ilegales, la conservación del patrimonio natural y el respeto y la restitución de los derechos básicos vulnerados de las familias de San Fernando y Cañada Real”.
Antes de concluir, dejan claro que “continuaremos avanzando unitariamente y movilizando a la ciudadanía” y anuncian que se volverán a reunir para acordar nuevas acciones de protesta y reivindicación.
