De la reforma del delito de injurias al registro de medios: las 31 medidas del plan de regeneración

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De la reforma del delito de injurias al registro de medios: las 31 medidas del plan de regeneración

El Gobierno plantea límites a la publicidad institucional y que sean obligatorios los debates electorales entre candidatos.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Fotos: (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Fotos: (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

El Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros, ha dado luz verde al bautizado como ‘Plan de Acción por la Democracia’. Un paquete de reformas con 31 medidas que introducen modificaciones en el Código Penal, la ley de secretos oficiales o la ley mordaza. En concreto, plantea cambios en el delito de injurias a instituciones del Estado, límites a la publicidad institucional para evitar que existan medios que únicamente vivan de ella o un registro de medios de comunicación. También que los debates electorales sean obligatorios entre candidatos.

“Se trata de una hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno va a implementar en los tres años que tenemos por delante de legislatura”, ha afirmado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha sido el encargado, junto al titular de Cultura, Ernest Urtasun, de dar cuenta de este plan. Con el mismo, ha expuesto Bolaños, se busca “reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al sistema de los medios de comunicación”.

Este paquete de medidas está dividido en tres ejes y el primero pasa por “ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental”. En este sentido, defiende el desarrollo de una nueva estrategia de Gobierno Abierto, así como la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Además, que la rendición de cuentas sea obligatoria por todos los gobiernos.

A esto hay que añadir la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, ha recordado Bolaños.

El segundo eje pasa por modificar las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho a la rectificación, ya que el régimen actual ha quedado “claramente obsoleto”, y es que se remonta a los años ochenta. El objetivo, ha expuesto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es “garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique”.

También incluye una reforma integral del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a instituciones del Estado y también contra los sentimientos religiosos.

Urtasun ha detallado que otras de las medidas más importantes dentro de este eje están la creación de un registro de medios de comunicación con información sobre propiedad e inversión publicitaria que reciben. Junto a esto, la obligación de que las administraciones públicas publiquen cada año su inversión publicitaria y la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.

Dentro de la citada norma también se harán cambios para garantizar que los sistemas de medición de audiencia y metodología cumplan con los principios de transparencia y no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteren las visitas reales.

Ley mordaza, Debate sobre el Estado de la Nación, encuestas…

El impulso de la Ley de secreto profesional de los periodistas “como garantía jurídica para la protección de las fuentes”, es otra de las propuestas de este plan, así como la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, para acabar con las sanciones por el uso y difusión de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último, el tercer eje alude a “la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral” y defiende que sea obligatorio celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación y que los candidatos tengan que acudir a los debates electorales en campaña. Además, que se conozcan los microdatos de las encuestas en periodos electorales y se fortalece el régimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada.

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