En noviembre del 2016 se dieron los primeros pasos oficiales para derogar la polémica ley educativa LOMCE. Todo era felicidad y aplausos en algunos sectores del hemiciclo. Los partidos políticos acordaron acometer un periodo de negociación para desarrollar un pacto de estado por la Educación que pudiera acabar con la LOMCE y con la perenne rotación de planes educativos.
10 meses después, aquella proposición de ley sigue guardada en un cajón, no se atisba un cambio inminente y la LOMCE sigue funcionando en el sistema educativo, a excepción de algunos aspectos concretos que fueron suspendidos, como dejar sin efectos académicos las reválidas.
No obstante, eso no significa que estén derogados, a pesar de las banderas que se quisieron colocar en su día los diferentes partidos políticos, en particular el PSOE de la gestora, que insistía una y otra vez en que habían conseguido derogar la LOMCE. Lo máximo que habían obtenido era una toma en consideración del PP.
El Gobierno ha conseguido a lo largo del año posponer la tramitación de enmiendas sobre la ley pasando su ‘rodillo’ particular a base de vetos y prórrogas.
Por tanto, la ley educativa, aprobada en 2013, seguirá vigente hasta que haya un pacto de Estado – o una nueva ley – que la sustituya. En caso de que se alcanzara ese acuerdo, teniendo en cuenta los tiempos parlamentarios, la nueva ley educativa no entraría en vigor hasta posiblemente el curso 2019-2020.
Mientras tanto, más de 8 millones de alumnos y cerca de 700.000 profesores conviven con la incertidumbre de no saber a qué programa exacto atenerse. Para empezar, muchos alumnos y profesores desconocen cómo y cuáles serán las pruebas finales de curso o selectividad.
“Otoño calentito”
Las últimas declaraciones de los responsables educativos de los partidos políticos no hacen presagiar un acuerdo inminente. Ni siquiera a medio plazo. El pasado 31 de agosto, la secretaria de Educación del PSOE y portavoz de esta materia en el Congreso, Luz Martínez Seijo, anunció un “otoño calentito” en la Educación.
Tras la victoria de Pedro Sánchez, los socialistas vuelven a incluir la necesidad de legislar sobre la educación para la ciudadanía, la concertada y la diferenciación de sexos, algo que se aleja de la postura ‘inmovilista’ del Partido Popular.
