“La tendencia fue al alza en todos los órdenes jurisdiccionales”, destaca el Poder Judicial en un comunicado, en el que explica que en la jurisdicción civil el incremento fue del 15,4% con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2022. Por su parte, en la penal el aumento fue del 1,5%; en la contencioso-administrativa, del 5,8%, y en la social, del 6,3%.
Así figura en el informe estadístico sobre la ‘Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023’ publicado por el CGPJ, que da cuenta de “dos elementos distorsionadores” que se han producido esos meses, “cuyos efectos no han sido homogéneos en los distintos territorios”. Por una parte, destaca, “en algunas comunidades autónomas se ha producido la admisión masiva de procedimientos que habían quedado pendientes como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia que tuvo lugar en el primer trimestre de 2023”. Esto ha causado un “incremento mayor en el ingreso de asuntos”.
“Al mismo tiempo, y con más incidencia en unos territorios que en otros”, continúa, “la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia del segundo trimestre del año ha provocado una retención de procedimientos que han quedado sin repartir en los servicios comunes de registro y reparto, lo que ha incidido en una disminución del ingreso”.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, las comunidades que han mostrado una tasa superior a la nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunidad Valenciana (38,4). Frente a esto, las regiones con un dato más bajo fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).
