También instará a adaptar las ordenanzas fiscales en menos de seis meses para evitar que se apliquen los topes máximos fijados por el Ministerio de Hacienda en relación con este tributo, a corregir los valores catastrales del suelo hasta un 15% a la baja, y a garantizar que los coeficientes fijados por los ayuntamientos en la adaptación de las ordenanzas fiscales correspondiente a la plusvalía no sean superiores a lo que se pagaría con la regulación anterior.
Asimismo, instará al Gobierno de España a crear un fondo extraordinario y responsabilizarse de la pérdida de ingresos de los ayuntamientos a causa de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula este impuesto cobrado por los consistorios.