Tras dejar claro que consideran que la actuación de la fiscalía “es, en cualquier caso, reprobable, aunque pretenda justificarse como respuesta a anteriores informaciones que estaban siendo difundidas”, ALA censura la “sobreactuación” de la cúpula del colegio.
“Es evidente que la sobreactuación de la Junta de Gobierno, y en especial de su decano, no obedece a la necesidad de defender intereses profesionales colectivos”, asegura en una nota, “sino a la defensa de intereses políticos y personales en un asunto muy concreto”. Algo que, destaca ALA, “genera una situación totalmente discriminatoria para la abogacía mayoritaria, que ve cómo su representante se pasea por las televisiones anunciando amparos VIP mientras guarda en un cajón peticiones de amparo por perturbaciones diarias en su ejercicio profesional”.
La citada asociación recuerda que recientemente el Defensor del Pueblo “ha abierto expediente al ICAM por la queja interpuesta” por ALA “ante la falta de neutralidad institucional en la emisión de pronunciamientos políticos ajenos a la defensa de intereses profesionales de su Junta de Gobierno”. Por tanto, remarca, “llueve sobre mojado”.
En su opinión, “en este caso, la toma de decisiones de la Junta va más allá, perjudicando el ejercicio de la profesión de la abogacía en Madrid, al anunciar que el Colegio se desvincula del protocolo de conformidades de ámbito estatal suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española”.
“Esta insólita decisión coloca a la abogacía de Madrid en una situación de desventaja respecto del resto de abogacía del Estado y genera un grave perjuicio para los justiciables”, destaca.
Según ALA, es “inadmisible que, “bajo el pretexto de la protección del derecho de defensa, el decano del ICAM utilice nuevamente la institución con fines políticos, despreciando la pluralidad colegial y vulnerando el principio de neutralidad que debe regir su actuación”.
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