Cospedal, Camps, Matas, Aguirre… semana ‘horribilis’ para la vieja guardia del PP

Semana intensa en lo judicial para la vieja guardia del PP. En plenas negociaciones sobre los acuerdos autonómicos y a la espera de conocer cuándo será la investidura de Pedro Sánchez, antiguos cargos populares han sido noticia. Nombres como el de Jaume Matas, María Dolores de Cospedal, Francisco Camps o Esperanza Aguirre han vuelto a la actualidad por asuntos como la destrucción de los ordenadores de Bárcenas o la financiación ilegal del PP.

El martes el Supremo condenaba al expresidente balear Jaume Matas a 7 meses de prisión, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de una multa de 211.827 euros por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por encargar al arquitecto Santiago Calatrava el diseño de un teatro de la ópera en Palma de Mallorca. Asimismo, el que fuera mandatario autonómico deberá abonar a esta comunidad, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de 1,2 millones de euros que el arquitecto facturó por el proyecto.

Ese mismo día Francisco Camps tampoco recibía buenas noticias. La Fiscalía Anticorrupción pidió una pena de dos años y medio de prisión por delitos de prevaricación y fraude por los contratos de la Generalitat valenciana con las empresas de la Gürtel. El popular presuntamente influyó para que el Ejecutivo autónomo adjudicara a la empresa Orange Market el contrato para la feria de Turismo Fitur.

Sin embargo, todas las miradas se dirigieron esta semana hacia la Audiencia Nacional, donde el jueves se volvieron a ver las caras el extesorero del PP Luis Bárcenas y la exsecretaria general María Dolores de Cospedal. ¿El motivo? El juicio por la destrucción de los ordenadores del que fuera responsable de las cuentas de Génova, al que ambos acudían como testigos. Bárcenas defendió ante este tribunal, según la SER, que en estos equipos había información “muy relevante” para probar la caja b del partido. Documentación que iba, afirmó, desde nombres de donantes para las campañas a recibos. Incluso, relacionó el borrado de los discos duros con la ‘operación kitchen’.

Por su parte, Cospedal sostuvo que ella no tuvo nada que ver con el borrado de los ordenadores, aunque sí señaló que a estos equipos se les aplicó el protocolo habitual cuando un empleado abandona el PP.

A todo esto hay que sumar nuevas revelaciones en torno a Esperanza Aguirre. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha vuelto a implicar al Gobierno de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la financiación ilegal del partido, ahora a través de Indra. Según la mencionada radio, un informe de la UCO acredita que Indra llegó a recaudar solo en 2012 casi 600.000 euros para pagar campañas del PP. En concreto, “pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en el 2007 y en el 2011”.

Tal y como explica la Guardia Civil, el sistema que utilizaba el PP madrileño consistía en una red de sociedades instrumentales para llenar la caja B de donaciones ilegales. Según los agentes, “a las reuniones con SWAT S.L. (una de las empresas instrumentales) no siempre asistían los mismos, llegando alguna vez a asistir Esperanza Aguirre”.

En medio de todo esto la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha visto salpicada por la concesión de Avalmadrid, participada por el Ejecutivo regional, de un préstamo de 400.000 euros a la compañía Mc Infortécnica S.L., controlada por el padre de la popular. Según El Confidencial, como garantía la familia de Ayuso aportó una finca de 558 metros cuadrados escriturada entonces según el Registro de la Propiedad en 26.388 euros, es decir, 14 veces menos que el crédito concedido. Pero aquí no queda la cosa.

La dirigente popular aceptó la donación de un piso de sus padres en Chamberí para evitar que fuera embargado por Avalmadrid por la deuda contraída por su progenitor. Algo que omitió en su última declaración de bienes, ha desvelado Infolibre, que apunta que Ayuso se enfrenta a un posible delito de cooperación necesaria en un presunto alzamiento de bienes.

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