¿Contratos para la formación o subvenciones a la precariedad laboral?

“Hoy, un licenciado puede ser contratado durante un año para ‘aprender’ a ser camarero y luego, ser contratado en la misma empresa, para ‘aprender’ a ser dependiente y más tarde para ‘aprender’ a ser empleado de limpieza. El aprendizaje no es más que una coartada para subvencionar contratos precarios y que las academias privadas ganen dinero”. Esa la cruda realidad que se esconde tras los contratos para la formación y el aprendizaje según la secretaria de Empleo y cualificación profesional de CCOO, Lola Santillana, que los considera “un claro ejemplo de la financiación pública de la precariedad laboral”.

CCOO basa sus acusaciones en el informe que ha realizado el sindicato sobre contratos formativos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el que se ponen de manifiesto “los nulos efectos en términos de mejora de la cualificación y los efectos negativos en la inserción laboral de los jóvenes”. Y ello a pesar de que “por cada contrato, el Estado abona mensualmente 214 euros a las academias privadas que imparten los cursos online y entre 60 y 80 euros más a las empresas en concepto de “tutoría”, lo que ha supuesto en los últimos cinco años un gasto de 1.893 millones de euros en bonificaciones a estos contratos” y de que las “tasas de inserción rondan el 3%.

Además, dicho estudio arroja otro dato relevante ya del mismo se desprende que en 2017 “casi la mitad de las trabajadoras y trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje ocuparon puestos de camareros, dependientes de pequeño comercio, peones y limpiadores, lo que “nos obliga a preguntarnos si en verdad estas contrataciones tiene una finalidad formativa”

El informe analiza el número de contratos formativos realizados y convertidos en indefinidos entre 2007 y 2017; las características sociodemográficas de las personas contratadas –género, edad y nivel educativo alcanzado en el momento de la contratación–, las características de las empresas contratantes (tamaño, sector, CNAE y comunidad autónoma) y las ocupaciones para las que se han realizado.

Y según CCOO, demuestra, en primer lugar, que “los contratos en prácticas y para la formación obedecen a distintos patrones. Los primeros, dirigidos a jóvenes con titulación superior, se realizan en grandes empresas para ocupaciones relacionadas con las matemáticas, las ciencias, tecnologías e ingenierías y cuentan con una presencia femenina algo inferior a la masculina. Mientras que los contratos para la formación, que articulan la llamada formación dual del sistema laboral, aunque “en teoría se dirigen a cualificar a jóvenes con bajo nivel educativa” en la práctica “se utilizan como un contrato barato principalmente en pymes y micropymes de hostelería y comercio (las empresas con los CNAE Comercio al por menor y los Servicios de comidas y bebidas realizan el 35% de las contrataciones).

En segundo lugar, el estudio da cuenta de la progresiva precarización del contrato para la formación. De lo que loa organización sindical responsabiliza al Real Decreto 1529/2012 por el que se desarrollan los contratos para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases para la Formación Dual, ya que «eliminó casi cualquier barrera objetiva o subjetiva para suscribirlos: se elevó a 30 años la edad máxima a la que se podía ser contratado, se eliminó la exigencia de que el contratado tuviera un nivel académico bajo y se permitió el encadenamiento de contratos siempre que no fueran para la misma ocupación».

Respecto a la evolución del número de contratos entre los años 2007 y 2017 puede dividirse en tres etapas: de 2007 al 2012, hubo aproximadamente 70.000 contratos anuales, se concentraban en el sector de la construcción y las personas contratadas eran jóvenes de menos de 19 años sin titulación académica. En la segunda etapa, de 2013 a 2015, los contratos aumentaron hasta alcanzar un máximo de 174 mil suscritos en 2015; en su mayoría se realizaron en los sectores de comercio y hostelería y se elevó tanto la edad (los menores de 19 pasan a ser sólo el 14%) como el nivel académico de los contratados/as.

Por último, el informe pone de manifiesto que en 2016 y 2017, los contratos descienden por debajo de 50.000 después de que el Gobierno. a instancias de los sindicatos, suprimiera la financiación de la formación a distancia tradicional y la no acreditable. “Tras las quejas de CCOO y las denuncias ante la Inspección de Trabajo sobre el carácter fraudulento de este tipo de contrataciones, el Gobierno endureció ligeramente los requisitos, pero sigue sin proporcionar datos sobre los contenidos de los cursos, las academias privadas que gestionan tan abultados recursos económicos, el número de abandonos o las características de su inserción laboral, si es que se inserta”, afirma Lola Santillana.

Y ¿cuales serían los mecanismos para evitar que este tipo de contratos se utilicen por las empresas no para formar sino para conseguir mano de obra barata?. En opinión de la representante de CCOO «para abordar seriamente la Formación Dual, sea del sistema laboral o del educativo, la duración del contrato no puede ser inferior a la duración de los estudios, los cursos deben ser presenciales, y las empresas deben contar con tutores cualificados». «No basta con llamar a algo Formación Dual para que lo sea, pero denominar formación dual del sistema laboral a los contratos para la formación, ha permitido al gobierno inflar las estadísticas que presenta en foros internacionales”, concluye la responsable de Empleo y Cualificación profesional del sindicato.

Santillana concluye que «cada día que pasa se hace más urgente modificar el marco normativo para garantizar que estos contratos cumplen, al menos, con un objetivo formativo y de cualificación» y hace un llamamiento a las personas con contrato para la formación a denunciar las situaciones de fraude.

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