El magistrado ha retrasado el interrogatorio después de que el abogado del expresidente azulgrana justificara compromisos previos. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pospuesto hasta después del Mundial, al 22 de julio, la declaración como imputados al expresidente del Barcelona Sandro Rossell y al representante legal del club, Antoni Rossich, prevista en un primer momento para este viernes.
El retraso se ha producido después de que el abogado de Rosell justificara en un escrito que debe personarse en la Audiencia Provincial de Madrid en esas fechas, explica el magistrado en una providencia hecha pública este lunes, según informa Europa Press.
El magistrado, que investiga la presunta comisión de un delito de fraude fiscal en el fichaje del futbolista brasileño Neymar, recibió la pasada semana un informe de la Agencia Tributaria en el que se señalaba que en esta operación el Barça habría dejado de abonar al menos 9,1 millones de euros a Hacienda en relación con el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En concreto, el organismo tributario señalaba que el delito de fraude fiscal, que el Barça habría cometido al no tributar por pagos por valor de 37,9 millones que se incluyeron en los contratos que la entidad suscribió en 2011 y 2013, ascendería a 2,4 millones en el primer ejercicio y 6,7 millones en el segundo.
Además, los técnicos constatan una posible defraudación de otros 2,6 millones de euros correspondiente al ejercicio de 2014, «sin perjuicio de las salvedades consignadas en el informe respecto de este último importe así como de las obligaciones de retención y rentas devengadas adicionales que pudieran derivarse del análisis de las retribuciones pendientes de verificación».
El magistrado, además, cita a declarar también el 22 de julio, en calidad de testigo-perito, al trabajador o trabajadores de la empresa Deloitte que elaboraron los informes de auditoría de cuentas anuales del Fútbol Club Barcelona que fueron finalizados los días 30 de junio de 2012 y 2013. La providencia explica que el retraso se produce dado «el previsible volumen de la documentación requerida».
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