Los 55 despedidos de La Gaceta en el segundo ERE del diario en menos de un año pueden respirar tranquilos. Al menos de momento. Ayer lograron cobrar el finiquito y los atrasos de seis meses. Ahora sólo les queda esperar al menos hasta el 30 de junio para cobrar las indemnizaciones.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron a este diario que la empresa ya ha efectuado los pagos correspondientes para a los atrasos de octubre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril así como las pagas prorrateadas. La entrega de los cheques a 53 de los afectados se produjo ayer en una reunión tras la cual los extrabajadores pudieron ir al banco para comprobar que estaban respaldados con fondos.
Este fue el segundo encuentro entre empresa y afectados por el ERE esta semana. La primera reunión tuvo lugar el pasado martes, aunque el resultado entonces no fue nada satisfactorio para los despedidos. Fuentes cercanas al proceso explicaron a elboletin.com que la empresa se había comprometido a pagar vía transferencia bancaria. Sin embargo, en dicho encuentro rechazaron esa posibilidad y les hicieron entrega de los citados cheques.
Las irregularidades en las cifras escritas en los papeles hicieron que la mayor parte de los afectados no lo aceptaran, emplazando a la empresa a resolver el conflicto. Además, los cheques tenían fecha de ayer, lo que generó un gran temor a acudir al banco y comprobar que no los respaldaban fondos.
Ahora queda pendiente el pago de la indemnización cuya próxima fecha clave, según prnoticias.com sería el 30 de mayo aunque la empresa podría pedir una prórroga hasta el 30 de junio y, de no hacerse efectiva entonces, podrían solicitar el reingreso o emprender acciones judiciales.
Según el digital, “estamos ante un pago ‘diferido’ de las cantidades del ERE” ya que después del pago de ayer –a cobrar mañana- “resta todavía el abono de las indemnizaciones programado para el 31 de mayo con prórroga hasta el 30 de junio si es que no hay dinero en la primera de las fechas. En este caso hablamos de 24,71 días por año trabajado y un máximo de 100.000 euros por cada despedido”.
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