Considera que la actual legislación, que impide cobrar colaboraciones cuando se percibe una pensión, desincentiva la labor creadora. El Defensor del Pueblo, institución que dirige Soledad Becerril, se ha pronunciado en contra de las sanciones a escritores jubilados por cobrar trabajos de colaboración y ha instado a la Administración a establecer un criterio más flexible que no penalice estas situaciones.
A juicio de esta institución, el criterio actual “desincentiva la labor creadora y se compagina mal con la previsión del Artículo 20 de la Constitución, que reconoce y protege los derechos a la producción y a la creación literaria, artística, científica y técnica”.
La institución se pronuncia así tras haber recibido un caso particular y después de que la Administración de la Seguridad Social respondiera a su requerimiento alegando que “la actividad de creación se considera incompatible con la percepción de la pensión cuando genera ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. En esos casos, se inicia un expediente sancionador con requerimiento del pago de las cotizaciones al régimen de autónomos (RETA).
Por su parte, la Plataforma Seguir Creando se dirigió también a la Defensora del Pueblo poniendo de manifiesto las serias consecuencias de esta situación para el futuro de la creación.
Para la Institución “la labor de creación no sólo constituye un bien particular del creador, sino que también supone una contribución al conjunto de la sociedad y a su desarrollo cultural”. Por ello, considera que existe un interés en facilitar su continuidad y en no poner en peligro la aportación a la cultura de personas que estén en edad de jubilación y perciban una prestación de ese carácter.
El criterio mantenido por la Administración hace que los creadores tengan que elegir entre seguir con su actividad o percibir la pensión de jubilación, lo que no resulta razonable, indica el Defensor del Pueblo en una nota. Por eso la institución aboga porque, mientras no se flexibilice la plena compatibilidad, se haga una interpretación de las normas que asegure que “los interesados no queden por el hecho de continuar su actividad creadora en una situación económica más desfavorable que si tuvieran dicha actividad pero no generara ingresos superiores al límite del SMI”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo apunta posibles opciones para mejorar la actual situación: detraer las cotizaciones sociales del límite a partir del cual se declara la incompatibilidad, establecer una cantidad mínima de garantía que evite la retirada de la pensión completa, admitir la posibilidad de regularizar la situación a posteriori.
En resumen, mayor flexibilidad para cobrar la pensión y trabajar, pues la actual regulación hace muy difícil poder acogerse a ella. Esto último, a juicio de esta institución, no debería limitarse a creadores, sino tener un alcance más general.
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