En un comunicado, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy recuerda que, según la Ley de Competencia Desleal, las prácticas engañosas son “cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”.
Esta misma ley recoge algunos supuestos de qué tipo de prácticas se considerarían engañosas, como por ejemplo «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario».
De esta forma, Consumo vuelve a poner el foco en posibles prácticas irregulares dentro del negocio de los alojamientos turísticos, tras la investigación que el ministerio abrió en junio sobre los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos que no disponen de licencia turística, siendo esta una práctica que también supondría una infracción.
En este caso, la nueva investigación abierta por Consumo se centra en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso teniendo licencia, se estarían gestionando de forma irregular según la ley anteriormente mencionada por empresas de intermediación que operan en diferentes lugares de España.
Además de estas investigaciones, desde el ministerio empezó a investigar en octubre a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, prácticas como obligar a las personas usuarias a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, o a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
