El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, expresó este lunes su profunda preocupación por los ataques dirigidos contra la legitimidad de la corte de garantías, provenientes tanto de la esfera política como del Tribunal Supremo (TS). Durante un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid, Conde-Pumpido advirtió que este tipo de críticas no solo afectan al TC, sino que constituyen un ataque directo al orden constitucional y democrático del país.
«Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución, cuestionar la legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático. Por lo tanto, me preocupo», declaró el magistrado ante los asistentes.
«No podemos permitir que se degrade la confianza en las instituciones que garantizan nuestros derechos y libertades», señaló con rotundidad
La preocupación de Conde-Pumpido por las amenazas penales
Conde-Pumpido también lamentó que se haya llegado a amenazar a magistrados del TC por la vía penal, lo que, a su juicio, representa una grave intromisión en la independencia judicial. En su intervención, insistió en que el respeto a las instituciones es un pilar fundamental para la estabilidad del Estado de Derecho.
El presidente del Constitucional respondió así a una pregunta directa sobre si le preocupaban las críticas lanzadas contra el tribunal desde ámbitos políticos y judiciales, incluyendo al Tribunal Supremo.
«El ataque al TC es un ataque a la Constitución y, por ende, al sistema de libertades que disfrutamos», concluyó Conde-Pumpido
El TC como garante de la Constitución y la democracia
Conde-Pumpido subrayó que el Tribunal Constitucional desempeña un papel esencial como garante de los principios recogidos en la Constitución de 1978. Según explicó, poner en entredicho su legitimidad equivale a erosionar las bases mismas del sistema democrático español.
Además, recordó que la capacidad del TC para dictar sentencias vinculantes sobre los poderes públicos es lo que asegura que ningún actor político o institucional esté por encima de la ley.
