13-09-2021 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de septiembre de 2021, en Madrid (España). El pleno del Congreso de los Diputados debate hoy la necesidad extraordinaria de prorrogar la suspensión de las reglas fiscales de cara a 2022 ante la emergencia provocada por la pandemia de la Covid-19 en España. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press
Pasadas las 23.30 horas salía de la basílica un primer coche fúnebre, una berlina de color oscuro, bajo la cobertura de numerosos reporteros gráficos y periodistas que habían acudido a cubrir el evento, al que han asistido además algunos vecinos y algunos hermanos de la Macarena a título individual.
Ya a las 1.22 horas de la madrugada accedía al interior del templo una furgoneta blanca de una empresa de servicios funerarios, y se reanudaba el ruido del repiqueteo dentro de la basílica, situación que se prolongó hasta que sobre las 2.04 horas comenzaban a abandonar a pie el templo los familiares de los militares, mientras los responsables de la hermandad lo hacían a bordo de un coche de alta gama. Entre ellos figuraría el hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero.
Finalmente, a las 2.20 horas salía del interior del templo la mencionada furgoneta de servicios funerarios, siendo la misma aplaudida por diversos familiares que seguían esperando a las puertas del recinto. Ante ello, la activista de memoria histórica Paqui Maqueda, presente en el lugar, ha comenzado a gritar «honor y gloria a las víctimas del franquismo. Se acaba la impunidad y se salda una deuda histórica», proclamas que ha repetido insistentemente, hasta desaparecer de la escena los familiares de los militares.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ya había explicado que tras remitir su departamento una carta a la hermandad con el citado requerimiento, mantuvo una conversación telefónica con el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, quien según sus palabras mostró su «total sintonía» con la carta, que requería la exhumación y posterior traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina del templo de la entidad.
Y es que el artículo 38.3 de la nueva Ley de Memoria Democrática estipula que «los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura».
Además, el artículo 35.5 de dicha ley señala directamente que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».
La citada carta estatal fue emitida después de que el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, manifestase ante la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática que su entidad estaba «esperando que le digan qué tiene que hacer»; considerando que la entidad no debía tomar una «decisión» propia al estar sus hermanos «divididos» sobre el asunto y urgiendo al Gobierno a «arbitrar» un decreto para resolver la situación.
Sobre el asunto pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba, dado el papel del citado militar en los fusilamientos perpetrados en la ciudad tras el golpe de Estado de 1936.
Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.
En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen «vinculante» sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros «elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares».
Pero en la anterior legislatura autonómica, el Gobierno andaluz del PP insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.
En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que mediaban «palmarias diferencias» entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un «lugar privado de uso público».
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