Cristina Cifuentes
La defensa de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio contra la exdirigente popular un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2018, cargo previo a ostentar el mandado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid y acompañada por su letrado, Cifuentes no ha querido realizar declaraciones a los periodistas concentrados en las puertas y se ha limitado a pedir que la dejaran pasar.
La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental.
En las cuestiones previas, Choclán ha detallado que el pasado viernes se aportaron nuevos medios probatorios de cara a la vista. En primer lugar, un pendrive que contiene una copia de la agenda de Cifuentes en su época como delegada de Gobierno en Madrid. De igual modo, ha presentado un certificado académico que verifica que superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó.
La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se dé traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que edsvirtúa la versiçón de Cifuentes.
El juicio ha arrancado con la declaración de Cecilia Rosado, a quien se la pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.
Rosado ha relatado que dependía jerárquicamente de Enrique Álvarez Conde pero su relación se torció en 2014 debido a «un conflicto». Rosado coordinaba un curso de arbitraje que dependía del Instituto de Derecho Público (IDP), un curso que suponía «un mérito laboral y que le reportaba complemento económico».
En 2014, el director del curso busca alumnos y Conde lo ve como «una traición», echándola del curso, de una revista y del área de Derecho Constitucional. «La relación era muy tensa pero no hay ruptura total. Era un catedrático importante y y yo tenía miedo de una ruptura total porque no quería que me perjudicara más en mi vida universitario», ha narrado.
La expresidenta regional y ahora tertuliana televisiva se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del TFM, una exposición que sigue defendiendo que hizo.
Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito.
El exdirector del Instituto de Derecho Público Álvarez Conde, otro de los acusados y que dirigía el polémico máster, que falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial.
Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.
El fiscal considera a Cifuentes inductora de la falsificación de un acta «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) «que jamás se produjo» y que exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
El fiscal señala a Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. El escrito de acusación ubica en primer lugar cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos.
Así, recuerda que Enrique Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, sita en Vicálvaro,; María Teresa Feito Higueruela era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC; Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid y Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC.
Esta última fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012, por el Instituto de Derecho Público. El referido Instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de post grado, era dirigido por Álvarez Conde.
A continuación alude a una información publicada en marzo de 2018 en el periódico digital eldiario.es en la que se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas así como el Trabajo Fin de Master (TFM) del Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid del año 2011/2012.
«Dada la situación que dicha noticia le provocó a la acusada Cifuentes, ésta se puso en contacto con la también acusada Mª Teresa Feito, dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado», añade la Fiscalía.
Según el fiscal, Feito accedió a lo solicitado por la ex presidenta madrileña y que, de acuerdo con Álvarez Conde, «y a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa», decidieron que se confeccionaría un acta.
Al acta se le daría «apariencia de verosimilitud» para acreditar de cara a los medios de comunicación, que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid había cursado el master con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.
Así, el 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el Rector de la Universidad, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado.
Así, le «dio instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como Secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente».
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