El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este miércoles que el coste de todas las pruebas diagnósticas para detectar contagio por COVID-19 de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales, así como del personal que les presta apoyo, sea asumido por las respectivas Administraciones, como cuestión de salud pública.
Tal y como ha explicado el Comité, las personas con discapacidad que reciben atención en recursos como residencias, viviendas de apoyo, centros de día y ocupacionales, servicios de atención temprana o de asistencia personal, por citar solo algunos, y los profesionales que prestan sus servicios en los mismos, son un grupo especialmente expuesto a la enfermedad, por lo que es de «interés público sanitario» el que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del COVOD-19.
Ahora mismo, el régimen en las comunidades autónomas es, a juicio de la entidad, de «absoluta disparidad». «En unas pocas el coste de estas pruebas corre a cargo de la Administración sanitaria o social competente, pero en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia», ha precisado la entidad.
Al respecto, el movimiento asociativo de la discapacidad entiende que «en una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad, son asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer necesariamente en las Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad».
Proyectar el coste en las personas usuarias de estos servicios sociales, es, según el movimiento CERMI, «profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno».
Por ello, el CERMI ha exigido al Estado y a las Comunidades Autónomas que, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten «con urgencia» sendos acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en el ámbito de la discapacidad.
