CIE de Aluche
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy el documento “Madrid y los Derechos Humanos: la responsabilidad de las ciudades frente a los CIE”, que se ha venido trabajando desde hace un año en la mesa de trabajo creada a tal efecto, cuyo objetivo fundamental es el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Carabanchel.
Como explica el consistorio liderado por Manuela Carmena, que ha dirigido la rueda de prensa de presentación, el documento consta de medidas a adoptar previas al internamiento, “fundamentalmente enfocadas a evitarlo a través de la máxima contribución a demostrar arraigo en la ciudad o en otras ciudades desde los recursos del consistorio”.
El objetivo fundamental es intentar reducir el número de personas extranjeras que ingresen en el CIE de Madrid, garantizando que las circunstancias personales y de vulnerabilidad sean valoradas antes de decretar el internamiento; reduciendo el elevado coste humano de esta medida y prestando especial atención a personas en situación de especial vulnerabilidad o de arraigo social o familiar en nuestro país, así como a aquellas personas que no llegarán a ser expulsadas, explica el Ayuntamiento de Madrid.
Para ello, el consistorio asegura que ofrecerá “los recursos necesarios (alojamiento y alimentación) para que los Jueces y Juezas puedan evitar el internamiento del ciudadano extranjero en el CIE de Madrid”, y en su lugar acuerden, cuando proceda, “que dicha persona pase a residir en una vivienda (recurso propio del Ayuntamiento o recurso convenido con alguna Asociación)”.
También se proponen medidas durante el internamiento, consistentes en garantizar los derechos humanos, haciendo especial hincapié en la reducción del internamiento, así como en velar por el cumplimiento de ordenanzas en su interior, además de garantizar, en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, derechos concretos: salud, derechos culturales, etc.
Por último, se plantean medidas post internamiento relacionadas con la vulnerabilidad que pueda suponer para las personas internas, una vez dicho internamiento finalice, particularmente cuando carezcan de redes y/o apoyos familiares. En este sentido el consistorio propone que el personal encargado de desarrollar este programa, de conocerse una fecha probable de ejecución de la orden de expulsión, «deberán ofrecer a la persona internada la posibilidad de comunicar ese dato al Letrado o Letrada que le asista».
En la mesa de trabajo están presentes diversas áreas del consistorio (Salud, Seguridad y Emergencias entre otras) la Junta de Distrito de Carabanchel, además del Plan de Derechos Humanos. Por otro lado, instituciones y organizaciones sociales también han participado en la elaboración del documento que hoy se ha presentado, como por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid, entre muchas otras.
Derechos humanos
En el propio documento se señala que “este tipo de centros son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular, privándoles de libertad durante un período máximo de 60 días”.
“La opacidad que envuelve su gestión, sumada a las reiteradas denuncias relativas a la violación de derechos de las personas internas en el citado CIE provoca que este Ayuntamiento de Madrid muestre su preocupación por la defensa de los derechos humanos de quienes se encuentran internados. La violación de derechos humanos en el interior de esa clase de centros ha sido constatada por los informes de diferentes organismos internacionales”.
Con las medidas planteadas, Madrid se incardina a medidas similares a las ya planteadas en otras ciudades como Barcelona con el denominado documento de vecindad, anunciado hace una semana, también enfocado a evitar el internamiento de personas sin papeles en el CIE de Zona Franca. De hecho, la relación con otras ciudades del territorio español es otro de los objetivos del documento, ya que un porcentaje alto de internos proviene de otras ciudades.
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