Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, tal como se acordó en Junta de Gobierno el pasado 26 de abril, presentó ayer lunes, 29 de mayo, en el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, el escrito por el que el Consistorio madrileño manifiesta su intención de personarse en calidad de acusación particular en el denominado “Caso Lezo Canal de Isabel II”, según informa hoy el Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena.
Adjunto al escrito presentado ante la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento ha incluido un certificado por el que se acredita la titularidad municipal del 10% del capital social de la empresa “Canal de Isabel II Gestión S.A.”, informan fuentes municipales.
Asimismo, se ha acompañado al escrito del acuerdo por el que la Junta de Gobierno aprueba la personación del Ayuntamiento de Madrid como acusación particular en las diligencias previas número 91/2016 o en cualquier otro procedimiento que pudiera iniciarse por los hechos que se están investigando en relación con el Canal de Isabel II.
Hace un mes Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos decidieron llevar a cabo una comisión de investigación que revise la legalidad de los convenios suscritos por el anterior gobierno del Partido Popular con el Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid y el posible daño causado a los intereses municipales.
Como recogía la proposición presentada por Ahora Madrid que recoge Europa Press, «ante la indignación ciudadana y la alarma social que generan estos casos de corrupción, las instituciones» no pueden ni deben «permanecer pasivas». «Tampoco bastan únicamente las manifestaciones de rechazo a estos casos de corrupción que asolan la Comunidad y la ciudad» ante la gravedad de los nuevos «saqueos de fondos públicos», añadía.
El Ayuntamiento de Madrid es accionista minoritario de Canal de Isabel II Gestión S.A, sociedad creada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular y presidido por el ahora investigado y en prisión provisional Ignacio González.
«El Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación de actuar en defensa de los intereses de los madrileños y madrileñas, afectados o mermados por las supuestas actividades ilícitas relacionadas con el Canal de Isabel II y, en consecuencia, debe adoptar todas las medidas necesarias tanto en el ámbito judicial como político o social para defender sus derechos e intereses», han explicado, de ahí su personación en calidad de accionista y parte perjudicada.
La proposición incluía la solicitud de la convocatoria de la junta general de accionistas de Canal de Isabel II Gestión S.A. con el fin de que el consejo de administración informe a los accionistas sobre la situación financiera y jurídica de la sociedad.
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