La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, comparece ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
«Hemos propuesto un conjunto de iniciativas y vamos a seguir defendiendo una respuesta urgente y una respuesta fuerte por parte de las instituciones comunitarias», ha expresado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) en Luxemburgo.
La vicepresidenta española ha repetido en varias ocasiones en declaraciones a la prensa que abordar los precios energéticos es una cuestión de «máxima prioridad» porque es «fundamental» garantizar la estabilidad de los mercados internacionales y «evitar un impacto negativo sobre los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas» para que la UE pueda progresar «según lo previsto» en la transición ecológica.
«Esta aproximación de España cada vez cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de Estados miembros», ha subrayado, para después citar a socios como Francia o Grecia, que han planteado «distintas propuestas» para dar una respuesta común a la situación.
Con respecto a las ideas del Gobierno, Calviño ha apuntado que la creación de una «reserva estratégica» de gas permitiría al bloque hablar «con una sola voz» y reforzaría su «capacidad de negociación frente a los grandes suministradores de gas internacionales.
También ha recordado que España propone revisar el sistema de comercio de emisiones de CO2 de la UE para «reducir el posible impacto de la especulación» y a nivel más general repensar «todo el marco regulatorio» para tener margen de maniobra ante «el aumento de la volatilidad de los precios de la energía».
El Eurogrupo abordará en la reunión de este lunes las consecuencias del aumento de los precios de la energía en el crecimiento económico, la inflación o la planificación presupuestaria y el asunto volverá a una mesa de ministros el próximo miércoles, cuando los responsables de Medio Ambiente también discutan este fenómeno.
La Comisión Europea ha prometido un documento con orientaciones para que los Estados miembros puedan responder a la escalada de los precios pero siempre respetando la normativa actual, por lo que descarta en el corto plazo reformas de calado como las que plantea el Gobierno español.
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