En su documento de alegaciones a la consulta pública del proyecto de ley, ASPE sostiene que podría existir “invasión de competencias autonómicas y no respetarse los principios constitucionales de eficiencia”. En su opinión, “la absoluta prioridad de la gestión directa a la que se llama en el anteproyecto de ley supone, en realidad, una intromisión en dichas competencias autonómicas”. “Y es que son los gestores autonómicos quienes deben valorar y optar por aquella que mejor se adecúe a sus necesidades y principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera”, asegura.
Desde la patronal de la sanidad privada se reivindica el “papel fundamental” que la privada “representa dentro del sistema sanitario del país”. También alerta del “grave error” que supondría la limitación de los conciertos sanitarios o de modelos concesionales, “por cuanto esto privaría al sistema público del acceso a la experiencia, capacidad técnica, innovación y recursos que el sector privado pone a disposición del sistema público de salud, en un momento además especialmente crítico debido a unas listas de espera en cifras récord semestre tras semestre”.
Controles en la gestión
La patronal rebate asimismo que la gestión indirecta “suponga una pérdida de control en la gestión del servicio público por parte de la Administración”, ya que “todas las fórmulas de colaboración incluyen importantes facultades de control por parte de las administraciones competentes”.
Además, sostiene que no existe ningún “blindaje diferencial de los contratos con el sector privado que dé lugar a una doble repercusión de las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión directa, tal y como se indica en el proyecto de Ley”.
Rechaza también que la gestión indirecta “supone la creación de sistemas paralelos de derivación, señalando que la concertación o concesión no priva a la Administración de derivar a los pacientes entre hospitales de su red, ya que la gestión del sistema sigue siendo su competencia y, además, la colaboración público-privada no impide a las CCAA poner en marcha sus propias políticas de gestión sanitaria”.
Ejemplo de Madrid
En su respuesta al Ministerio de Sanidad, ASPE destaca “los numerosos datos y ejemplos que manifiestan la eficiencia de las fórmulas de gestión colaborativas en materia sanitaria, en términos, por ejemplo, de satisfacción de los pacientes y reducción de listas de espera”. Y aquí en cuando pone a Madrid como ejemplo
“Así ocurre en el caso de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid con gestión indirecta”, asegura la patronal, que señala que “cuentan con indicadores de satisfacción del paciente superiores a la media”.
Mónica García: “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”
El pasado día 13 de mayo la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que su departamento ponía en marcha la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.
Una norma con la que dar carpetazo a la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que abría la puerta a modalidades de gestión “que han deteriorado la sanidad”. La futura ley “va a poner coto a este lucro incesante que ha ido abonando las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad”, avanzó la ministra, quien defendió que se da vía libre a ese lema de “la sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.
Según explicó, se ha demostrado que de las nuevas fórmulas de gestión no han supuesto mejoras en la salud de la población, “sino mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas” a costa del presupuesto del Sistema Nacional de Salud.
