Bruselas quiere que las farmacéuticas y las productoras de artículos de belleza paguen por contaminar

El vicepresidente de la Comisión encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, anunció hoy un endurecimiento drástico de las políticas medioambientales para garantizar un aire limpio en 2050 y una mejora sustancial en los próximos ocho ejercicios. Para ello necesita que sus propuestas sean aprobadas por el Parlamento y el Consejo que empezarán a analizarlas en cuanto las reciban.

De acuerdo con las autoridades comunitarias la contaminación atmosférica es la mayor amenaza medioambiental para la salud y una de las principales causas de enfermedades crónicas, como el ictus, el cáncer y la diabetes. Es inevitable para todos los europeos y afecta de forma desproporcionada a grupos sociales sensibles y vulnerables. El aire contaminado también perjudica al medio ambiente causando acidificación, eutrofización y daños a los bosques, ecosistemas y cultivos

¿Qué medidas propone la Comisión? Endurecer los niveles permitidos de contaminantes, como por ejemplo reducir a más de la mitad el valor límite anual del principal contaminante, las partículas finas en el aire (actualmente PM 2,5). También que quienes sufran daños en su salud a causa de la contaminación atmosférica tengan derecho a ser compensadas en caso de infracción de las normas de calidad del aire de la UE.

La propuesta aportará más claridad en el acceso a la justicia, sanciones efectivas y una mejor información pública sobre la calidad del aire. La nueva legislación apoyará a las autoridades locales reforzando las disposiciones sobre los controles de la calidad, la elaboración de modelos y la mejora de los planes de calidad del aire.

Según los cálculos de la Comisión la mejora del aire supondrá unos beneficios anuales brutos estimados en 42.000 millones de euros hasta 121.000 millones de euros en 2030, por un coste inferior a 6.000 millones de euros anuales. Es decir que los beneficios son muy superiores a las inversiones necesarias.

AGUAS Y AGUAS RESIDUALES

Además del aire también se quiere actuar sobre las aguas (superficiales y subterráneas) y las aguas residuales urbanas que acumulan cada vez más residuos contaminantes y potencialmente peligrosos para la salud. Entre otras medidas se obligará a que se traten los residuos en todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes (hasta ahora eran 2.000).

Para ayudar a gestionar las lluvias intensas, más frecuentes por el cambio climático, se exige establecer planes de gestión integrada del agua en las ciudades más grandes. Y como consecuencia de la experiencia de Covid-19, se propone controlar sistemáticamente las aguas residuales para detectar varios virus y la resistencia antimicrobiana.

Según los datos aportados por Timmermans el 92% de los microcontaminantes tóxicos encontrados en las aguas residuales de la UE proceden de productos farmacéuticos y cosméticos, por lo que se exigirá a los productores que paguen el coste de su eliminación. Es decir que «quien contamina paga» y también incentivará la investigación y la innovación en productos libres de tóxicos, además de hacer más justa la financiación del tratamiento de las aguas residuales.

El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, evitó precisar el método para obligar a pagar a las empresas y precisó que “esperamos responsabilidad por parte de los productores y normalmente este tipo de medidas tienen éxito porque las compañías adoptan soluciones más limpias para evitar pagar”. La propuesta también estima que las aguas residuales tienen potencial para la producción de energías renovables, a partir del biogás.

Las medidas propuestas entrarán en un proceso de estudio por parte de las otras instituciones comunitarias por lo que llevará tiempo antes de que las Directivas al respecto entrene en vigor, máxime cuando muchas de las medidas actualmente en vigor no son respetadas por algunos de los estados miembros.

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