Sede de la Comisión Europea
La Unión Europea aumentará la protección legal de los denunciantes de corrupción (whistleblowers en inglés), después de que escándalos como LuxLeaks o el más reciente de Cambridge Analytica hayan puesto de relieve la importancia de proteger a quienes sacan a la luz estos casos.
La nueva Directiva europea para la protección de los denunciantes, que hará pública hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, protegerá a los trabajadores de ser despedidos o degradados por divulgar información en aras del interés público. Al mismo tiempo, las empresas no podrán demandar a los denunciantes por incumplimiento de contrato u otras reglas de no divulgación.
La nueva normativa pretende dar un manto de protección a las personas que revelen infracciones de un amplio espectro de leyes de la UE, desde regulaciones financieras hasta estándares de seguridad nuclear, así como el incumplimiento de las normas de impuestos corporativos.
Según ha valorado la plataforma Xnet, esta noticia es “particularmente relevante para España” donde se está tramitando lo que considera una “ley trampa”, la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, “absolutamente por debajo de los estándares internacionales e incluso peligrosa para los alertadores/denunciantes”.
“Xnet ha luchado durante dos años para que se enmendara, consiguiendo enmiendas por parte de varios grupos parlamentarios. Ahora estamos a la espera de la votación de las mismas en el Congreso”. No obstante, sea cual sea el resultado en el Congreso, “la Directiva trasforma automáticamente en obsoleta la tramitada ley española, oportunista y deficiente, que se puede equiparar a la propuesta en Polonia, denunciada por haber sido presuntamente escrita por los propios servicios secretos para controlar las personas que filtren información comprometedora para el gobierno”, denuncia.
La Comisión Europea considera que sólo Francia, Reino Unido y otros ocho países de la UE tienen sistemas bien desarrollados para proteger a los denunciantes de las represalias del empleador, como la persecución en el lugar de trabajo o la persecución en los tribunales. La situación legal en otros países es desigual, con protección limitada a ciertos sectores de la economía o formas específicas de represalia.
La nueva legislación europea no sólo se aplicará a revelaciones de comportamientos potencialmente ilegales, sino también a aquellos casos en los que se intenta obtener una ventaja que vaya contra el propósito de la ley tributaria, según adelanta Financial Times, que cita una copia de los planes que serán presentados hoy. Asimismo se obligará a las empresas a establecer procedimientos internos de denuncia que garanticen la confidencialidad de los denunciantes.
Los denunciantes también podrían beneficiarse de una inversión legal de la carga de la prueba, según la cual los tribunales nacionales trabajarían sobre la base de que cualquier despido, degradación u otros actos contra el empleado en el lugar de trabajo son actos de represalia a menos que el empleador pueda probar lo contrario.
“Debemos asegurarnos de que nuestras leyes valen el papel en el que están escritas. Proteger a los alertadores que denuncian presuntas violaciones de la legislación de la UE es una forma de hacerlo”, ha valorado Timmermans, que considera que los denunciantes “a menudo pagan un alto precio por sus acciones”.
Los planes deben ser votados por los legisladores nacionales y el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.
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