Bandera Unión Europea
Bruselas ha enviado a las capitales un borrador legislativo que prevé esta y otras tres medidas para ayudar a los Estados miembros a responder a la crisis económica provocada por la enfermedad. Una vez reciba los comentarios de cada socio comunitario, las autoridades comunitarias redactarán el texto definitivo de la norma.
La principal novedad es que los Estados miembros podrán establecer planes de ayudas de hasta 500.000 euros para cada empresa de forma que puedan hacer frente a sus necesidades «urgentes» de liquidez. Este apoyo podrá concederse en forma de ventajas fiscales o a través de subvenciones directas.
El proyecto permitirá a los países conceder garantías de Estado para préstamos bancarios que soliciten las empresas, aunque la cantidad total de los créditos estará limitada en función de las necesidades operativas de cada empresa. Estos avales pueden estar vinculados tanto a préstamos para nuevas inversiones o para capital circulante.
La tercera medida abrirá la puerta a la concesión a empresas de préstamos públicos y privados con tipos de interés subsidiados. Estos tipos de interés serán diferentes si la empresa es una pyme o es una compañía más grande. Por último, la normativa facilitará la canalización de las ayudas a la economía real a través de entidades financieras asumiendo que dichas ayudas son para los clientes y no para los bancos.
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha explicado en un comunicado que el objetivo es que este «marco temporal» entre en vigor «en los próximos días». Además, ha destacado que «no sustituye sino que complementa» el resto de normas y posibilidades que ya están disponibles para los Estados miembros.
Por otro lado, la danesa ha afirmado que está explorando con las capitales la puesta en marcha de «soluciones» para ayudar a sectores que han sido «particularmente golpeados». «Para dar un ejemplo importante: si queremos minimizar los despidos permanentes y el daño al sector europeo de la aviación, es necesaria una actuación urgente», ha dicho.
Bruselas valora, en particular, la opción de suspender el principio que establece que las empresas sólo pueden ser rescatadas con fondos públicos una vez cada diez años, de forma que puedan volver a recibir dinero público.
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