Oskar Matute
Fuentes de la coalición soberanista se han limitado a confirmar a Europa Press que su posición sobre la norma «no cambia». El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, calificó en su día la Ley de «paso corto, pero necesario», ya que la alternativa era «la desregularización y que los grandes propietarios siguieran campando a sus anchas».
Matute subrayó que este era un «debate de fondo e ideológico, en el que se elige que la vivienda sea un derecho o un bien de mercado», algo que «incomoda a las derechas». En este sentido, puso en valor que la Ley «topa los alquileres» y frena «abusos para garantizar el derecho a la vivienda», además de evitar desahucios e impulsar el alquiler social.
La coalición soberanista vasca y los republicanos catalanes alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para aprobar la Ley estatal de Vivienda, tras más de un año de bloqueo en su tramitación en el Congreso, y comparecieron conjuntamente para dar a conocer los detalles del pacto.
El propio Matute, acompañado de Pilar Vallugera (ERC), afirmó en aquella rueda de prensa que, «lejos de ser un texto centralizador», era «habilitante». Posteriormente, en varias ocasiones, ha emplazado a «aplicar y poner en marcha aquí y ahora, de manera inmediata, todas las nuevas medidas que permite» la Ley de Vivienda, y ha asegurado que la coalición soberanista trabajaría con el objetivo de lograr también «medidas reales» para hacer frente al incremento «descontrolado» de las hipotecas.
El Pleno del Congreso aprobó el pasado 27 de abril la Ley por el Derecho a la Vivienda con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe, mientras que el BNG se abstuvo. En contra, se situaron el PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, y también el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, al considerar que se invadían competencias de las comunidades autónomas.
El texto impone nuevos límites a la subida del precio del alquiler en todo el Estado, permite rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos, e impide a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo, entre otras cosas.
Tras su respaldo a la norma, ERC ha propuesto ahora recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley estatal de Vivienda tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), solicitado por JxCat, que determina la «vulneración de competencias» de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo o el principio de autonomía financiera.
Los republicanos catalanes, con el argumento de «defensa del autogobierno» de Cataluña, sumará fuerzas con JxCat para defender la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la norma estatal en un pleno que se celebrará en el Parlament el próximo 1 de septiembre.
Por su parte, el Gobierno Vasco autorizó el pasado 26 de julio –con el rechazo de los tres consejeros socialistas– la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra siete preceptos de norma al estatal al considerar que «vulneraba competencias» de Euskadi.
EH Bildu acusó entonces al PNV y al Ejecutivo autonómico de defender a «las grandes constructoras y grandes tenedores», y no la soberanía vasca.
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