Según han explicado fuentes de este departamento, Derechos Sociales ha preparado este documento, que enviará al resto de ministerios a lo largo de este miércoles, que recoge gran parte de las propuestas del nuevo escudo social y verde ya esbozadas en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos del pasado viernes.
Para la ministra Belarra, disertan las mismas fuentes, es «imprescindible» que el Gobierno ponga en marcha «cuanto antes» estas medidas, dirigidas a proteger a la población ante la alza generalizada de los precios provocada por la crisis internacional. Además, la titular de Derechos Sociales mantendrá hoy un encuentro con organizaciones del Tercer Sector para abordar las consecuencias derivadas del conflicto en Ucrania.
Ayer, tal y como explicaron fuentes del espacio confederal, los ministros y secretarios de Estado de Unidas Podemos se reunieron y pusieron de manifiesto proponer un documento de propuesta, en el seno de la coalición, para incluir medidas en el Plan Nacional de respuesta a la crisis, cuya previsión es que se apruebe el próximo 29 de marzo.
Desde Derechos Sociales han enfatizado en ahondar en la elaboración de los ‘beneficios caídos del cielo’ que perciben las compañías eléctricas, sobre todo ante el «récord histórico» del coste de la luz durante los últimos días.
Además, reivindican como prioridad que los servicios públicos, «ahora más que nunca», deben funcionar bien para dar «garantías y certezas en un clima de extrema volatilidad», junto a políticas sociales que garanticen «unos ingresos mínimos y un techo para todos».
De esta forma, el Ministerio de Belarra espera que estas propuestas se incluyan en el mencionado plan nacional y, en materia energética, reclama derogar la disposición adicional octava del Real Decreto de medidas urgentes de energía del año pasado, al entender que este apartado ha permitido a las eléctricas «esconder los beneficios caídos del cielo evitando así su llegada a las arcas públicas».
También solicita la entrada en vigor en abril del proyecto de ley que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico, también de cara a reducir la sobrerretribución que percibe las eléctricas, ampliar el bono social para elevar el volumen de beneficiarios y la aplicación del cheque energético de 300 euros, que podría repercutir en 19 millones de familias.
En materia de vivienda, Derechos Sociales aboga por la congelación de la actualización de las rentas del alquiler durante 2022 y prorrogar el decreto antidesahucios, incluyendo en el mismo la prórroga del alquiler mientras dure esta situación (precisamente una medida que ha salido de la última prórroga del escudo social ante la crisis del Covid-19).
Como ya ha propuesto la formación morada, el departamento de Belarra también insta a incrementar la cuantía de prestación del Ingreso Mínimo Vital (en un 18% en el caso de una sola persona) y los umbrales de renta para su acceso, así como rebajar la edad mínima para percibirlo de 23 a 20 años.
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