Bankia tiene abiertos 22.000 procesos judiciales por cláusulas suelo, gastos hipotecarios e IRPH

Bankia tiene abiertos 6.063 procedimientos judiciales por cláusulas suelo, 15.826 por gastos de formalización de hipotecas y 282 por el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), al tiempo que todavía están vigentes 248 procedimientos civiles en materia de acciones derivadas de la salida a Bolsa, según consta en el informe financiero de 2019.

En noviembre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Bankia y al resto de entidades financieras a eliminar las cláusulas suelo de sus contratos y a devolver las cantidades abonadas por los consumidores, una sentencia que Bankia ha recurrido en casación y que, en cualquier caso, «carece de efectos automáticos en cuanto a la pretensión de restitución de las cantidades abonadas».

Además, en 2019 entró en vigor la nueva ley de crédito inmobiliario, aplicable a los contratos hipotecarios firmados a partir del pasado 16 de junio y que supuso la eliminación de las cláusulas suelo y la introducción de nuevas normas relativas al reparto de los gastos asociados a la formalización de los contratos, el vencimiento anticipado de los préstamos por impago y el pago de intereses de demora, así como límites a las comisiones por cancelación anticipada y la comercialización de otros productos vinculados al préstamo.

Bankia, que dejó de incluir las cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios desde septiembre de 2015, tiene abiertos 6.063 procedimientos judiciales por cláusulas suelo, 352 menos que un año antes.

El banco también se enfrenta a numerosas demandas por los gastos de formalización de hipotecas, existiendo al cierre de 2019 un total de 15.826 procedimientos judiciales abiertos, frente a los 16.367 de un año antes.

Sigue suspendida a la espera de que se pronuncie Europa la demanda colectiva interpuesta por Asufin por reclamación de gastos e IRPH, y a lo largo de 2019 se han notificado a Bankia ocho demandas colectivas de Adicae pidiendo la nulidad de las cláusulas de gastos pactadas en contratos formalizados por las distintas cajas de ahorro que conformaron Bankia y una demanda colectiva presentada por Acusa para la nulidad de cláusula de gastos y comisión de apertura.

El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri sostiene en su informe anual que las sentencias del Tribunal Supremo sobre gastos de formalización de hipotecas, de fecha 23 de enero de 2019, «reducen de manera significativa la potencial contingencia económica existente», puesto que aclaran que la principal partida integrante de dichos gastos, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), debe asumirlo el prestatario cuando un tribunal declare nula la cláusula.

Tanto Bankia como la mayoría de entidades bancarias españolas están pendientes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la abusividad del IRPH, un fallo previsto para el próximo 3 de marzo.

Al término del año 2019, hay 282 demandas contra Bankia por este asunto, cuyo riesgo económico es «inmaterial». El importe de préstamos hipotecarios vigentes con particulares al corriente de pago que incluyen una cláusula contractual referenciada al IRPH pactada entre el consumidor y Bankia ascienden a 1.300 millones de euros, 300 millones menos que al cierre de marzo debido a amortizaciones.

El banco ha desglosado otra partida de 1.600 millones de euros que corresponden a carteras de préstamos relacionados con medidas de financiación de actuaciones en materia de vivienda y suelo en los que el IRPH no fue pactado entre consumidor y banco, sino que vino impuesto por el marco jurídico del momento de celebración del contrato, como los planes de vivienda de protección oficial.

En cuanto a otros pleitos, Bankia también se enfrenta a 747 procedimientos vigentes al amparo de la ley 57/68 y a 144 procedimientos judiciales por demandas relativas a derivados, y está a la espera de que la Audiencia Nacional dicte sentencia en el juicio por la salida a Bolsa del banco, para el que el fiscal y el FROB solicitaron el sobreseimiento de la causa penal respecto de BFA y Bankia.

Las demandas civiles de inversores particulares y las reclamaciones extrajudiciales por la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011 constituyen desde hace años uno de los principales procedimientos civiles a los que se enfrenta Bankia.

En la actualidad se siguen tramitando demandas en las que se solicita la anulación de las compras de acciones en la oferta pública de suscripción (OPS) llevada a cabo en 2011 y de las compras posteriores («residuales»), pero los procedimientos civiles vigentes en materia de acciones derivadas de la OPS y de compras posteriores se redujeron hasta el total de 248 al cierre de 2019, frente los 700 de un año antes.

Hasta ahora, las contingencias asumidas por esta partida han alcanzado los 1.883 millones de euros, 12 millones más que al cierre de 2018, de los que 779 millones corresponden a Bankia (556 millones en concepto de nulidad por devoluciones de acciones y 223 millones en concepto de indemnizaciones, intereses y costas) y 1.104 millones a BFA.

Bankia captó en la salida a Bolsa 3.092 millones de euros, de los que 1.237 millones correspondían a inversores institucionales y 1.855 millones a inversores minoristas. Debido a que el banco ha procedido a la devolución a los minoristas de la práctica totalidad de sus inversiones a través de los procedimientos civiles o del proceso voluntario de pago abierto, Bankia considera que esta contingencia ha sido «prácticamente resuelta».

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