La nueva rebaja es del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Para acogerse, explica el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años.
El acuerdo se traslada la Asamblea autonómica para que se inicie así su tramitación parlamentaria previa a su votación y entrada en vigor en los próximos meses.
“Para tener derecho a ella el declarante deberá presentar su declaración en la región y no puede haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación”. “Además, y entre otras limitaciones”, continúa la Comunidad en una nota, “no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales”.
El beneficiario tampoco puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones.
Con esta deducción se pretende también la “atracción de talento a nuestro país, así como profesionales que cubran las necesidades en determinados sectores”. “A su vez, persigue facilitar el retorno de quienes emigraron en el pasado”, apunta el Ejecutivo regional, que presume de que desde 2004 la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo “numerosas rebajas en el IRPF que han permitido un ahorro para los contribuyentes de casi 11.000 millones hasta el pasado año”.
