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Ayuso, Casado y Bolaños, los primeros citados en la comisión sobre el presunto espionaje

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Comunidad de Madrid)

La primera sesión de la comisión está prevista para el 28 de marzo, a razón de seis comparecientes por sesión. Continuarán los días 4, 25 y 29 de abril con sesiones de mañana (tres) y tarde. La única excepción será la del 29 de abril, inicialmente con tres comparecientes en horario de mañana, recoge Europa Press.

El portavoz de Cs en la comisión y delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha explicado a la prensa que se han seleccionado esas primeras seis personas para ser citadas por ser quienes “pudieron tener algún tipo de información que llevara a esa supuesta investigación por parte del PP a familiares de la presidenta”. También incluyen al consejero delegado de la EMVS “para que dé luz sobre lo que se ha estado investigando en la EMVS propiciado por su consejo de administración”.

De los seis primeros citados, sólo Diego Lozano tiene obligación de comparecer al estar vinculado laboralmente al Ayuntamiento de Madrid, tal y como recogen las normas de las comisiones municipales.

El portavoz de Más Madrid en la comisión, Miguel Montejo, ha insistido en que todos los citados a comparecer deberían hacerlo “por el bien del Ayuntamiento” empezando por Ayuso, “que tiene que aclarar por qué confrontó de esa manera con la dirección nacional de su partido, a la que José Luis Martínez-Almeida pertenecía hasta hace dos días”.

Finalmente, el Grupo Municipal Popular no ha conseguido sacar adelante la propuesta enviada a la presidencia de la comisión, de Cs, para que los partidos justificaran las solicitudes de comparecencia con el fin de “no producir un quebranto de sus derechos”, “por desconocer los extremos sobre los que se pide su testimonio o parecer no tener relación con el objeto de la comisión”.

Mariano Fuentes, por su parte, ha explicado, que el presidente de la comisión ha estado a lo que proponían todos los grupos, menos el PP, en el sentido de que “no era del todo coherente establecer esa justificación porque la propia comisión y los acuerdos del Pleno ya indican los motivos por los que se tiene que comparecer”, unido a que esa pretendida justificación “podía ir contra la presunción de inocencia de los comparecientes”.

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