Yolanda Díaz
La iniciativa, que tiene origen en una proposición no de ley de Unidas Podemos, ha sido respaldada por los grupos del Gobierno, el PNV, Más País-Equo y Compromís. El PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias han votado en contra, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP y el BNG se han abstenido.
Entre las principales propuestas avaladas por el Congreso está la revisión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la modificación del régimen de subcontratación para atajar la precariedad y la limitación de la capacidad de la empresa para modificar unilateralmente las condiciones laborales.
También apuesta por la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo para que sean válidos una vez se finalice su vigencia y se negocie otro nuevo.
Asimismo, plantea introducir «mecanismos para la sostenibilidad del empleo» (MSE) que proporcionen «flexibilidad interna a las empresas y estabilidad a los trabajadores». Este MSE es la propuesta trasladada por Trabajo a patronal y sindicatos para adaptar de forma permanente el esquema de protección extraordinaria de los ERTE, como fórmula de flexibilidad para las empresas, alternativa al despido, que garantice los puestos de trabajo.
El texto aprobado por la Cámara Baja también llama a «abordar una regulación de las modalidades contractuales que acabe con la precariedad y el fraude, en favor del empleo estable y de calidad», con reformas en este sentido, como la simplificación de las modalidades de contrato, particularmente temporales, y el refuerzo del principio de causalidad en la contratación temporal, y así garantizar que el contrato indefinido sea «la regla general».
También el desarrollo de una regulación del contrato formativo que responda a necesidades formativas de trabajadores y empresas, reforzar el contrato fijo discontinuo para las actividades de naturaleza cíclica y estacional, reforzar el control de la contratación a tiempo parcial y el diseño de un plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para impulsar la lucha contra el fraude laboral, con «especial hincapié en la persecución y sanción de los falsos autónomos».
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