La medida cuenta con el respaldo de los principales partidos, que han logrado sacar adelante el trámite antes del inicio de un periodo de receso parlamentario y pese a las dudas que habían expresado algunos legisladores sobre una reforma que entrará en vigor dentro de un año. La Cámara de Representantes ya había votado a favor el miércoles.
El texto plantea multas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 30,8 millones de euros) para las empresas que no acaten este nuevo límite de edad, a falta de que se concreten qué redes o portales concretos se verán afectados. El Gobierno ha descartado castigos para los usuarios.
Algunas de las empresas que previsiblemente se verán afectadas han criticado la falta de concreción, mientras que para el dueño de la red social X, Elon Musj, se trata de una forma de controlar «por la puerta de atrás» el acceso a Internet de todos los ciudadanos en Australia.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, figura entre quienes han defendido públicamente esta prohibición, destacando entre otras cosas que es una reforma inédita a nivel mundial. «Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin. Quiero que los padres y las familias australianos sepan que el Gobierno les cubre las espaldas», dijo al anunciar los cambios.
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