La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que el Ministerio de Interior no ha respondido a la propuesta que le presentaron a principios de este año de destinar a agentes civiles en la reserva a reforzar la lucha contra la violencia machista, una medida que estaría destinada a proteger a las víctimas y sus familiares y a reforzar la red de alertas establecidas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).
Esta asociación profesional de guardias civiles recuerda,que la idea consiste en la incorporación al servicio activo de aquellos guardias civiles y policías nacionales en reserva o segunda actividad sin destino que así lo deseen, para reforzar a los efectivos dedicados a combatir la violencia de género.
La AUGC recupera esta propuesta con las terribles ‘cifras’ de la violencia machista en la mano: Cuarenta mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año. En total son ya 1.015 las muertes por violencia de género desde que empezaran a contabilizarse en 2003. Esta cifra supone ya doce muertes más por este motivo que el mismo periodo del año anterior. Y explican que la última víctima, María del Pilar, cirujana de 48 años con residencia en Madrid, y su agresor, ahora detenido, constaban en los archivos policiales del Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género, después de que un coche patrulla se percatara de que él la agredía en plena calle.
Informa que actualmente existen 58.091 casos activos por violencia de género, y que por tanto son objeto de atención por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo necesarias la adopción de medidas policiales de protección para las víctimas. Estas medidas de protección varían según su intensidad y el nivel de riesgo; siendo 28.078 los casos cuyas víctimas precisan de protección policial. En el primer trimestre de año han sido 40.319 las denuncias presentadas por violencia de género, 733 más que el mismo periodo de 2018.
La AUGC recalca que “estos datos muestran la realidad de una violencia machista que sigue generando víctimas mortales”, ante la cual “el Gobierno debe reaccionar con la puesta en marcha de un plan específico y extraordinario mediante la adopción de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género y para los menores que de ellas dependan”.
Para este colectivo de guardias civiles “la respuesta gubernamental debe basarse en la necesidad de atender con inmediatez los casos, adaptándose a las circunstancias concretas y gravedad del hecho, para asegurar a las víctimas un tratamiento adecuado, personalizado y específico” y para poder dar una respuesta más inmediata es para lo que proponen utilizar a los profesionales de la seguridad pública que están en la reserva.
Una medida que aseguran “sería viable presupuestariamente, pues se encuentra dentro del acuerdo por la equiparación salarial que asociaciones y sindicatos de los cuerpos policiales estatales firmaran en marzo de 2018”.
Recuerdan que el citado acuerdo de equiparación salarial contempla una partida presupuestaria para el reingreso de este personal que desee volver al servicio activo que serviría para reforzar la lucha contra esta lacra.
E informan que en la cláusula tercera del mencionado Acuerdo, se establece que “se destinaran 100 millones de euros cada ejercicio (2018,2 019 y 2020) para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva”.
Sin embargo, la AUGC se queja de que pese a que el acuerdo en su mayor parte, se está ejecutando, por parte de la Administración, y transcurrido el año 2018 y en lo que va del 2019, no se ha realizado gestión alguna para aplicarla”, a pesar de que la asociación dice haber detectado una demanda por parte de guardias civiles en situación de Reserva para volver a incorporarse al servicio, en puestos de trabajo compatibles con su edad.
Unos efectivos que creen “podrían ayudar a paliar la escasez de efectivos disponibles para la protección de las víctimas de la violencia de género”, ajustando la “actuación policial con vigilancias frecuentes y aleatorias en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en entrada/salida centros escolares de los hijos, manteniendo contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima”.
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