Valle de los Caídos
Para respaldar esta petición, la asociación, a través de un comunicado enviado al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha indicado que con la actual legislación, en su Disposición Adicional Octava, cualquier convenio con el Estado por tiempo indefinido que no haya sido prorrogado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley quedará extinguido a los cuatro años, y en este caso, detallan que se cumplieron el pasado 2 de octubre de 2020.
En este sentido, han explicado que al no haber renovado el Estado este acuerdo, los monjes benedictinos que han vivido y gestionado durante estos años las instalaciones del Valle de los Caídos se encuentran «ilegalmente en este lugar».
Por ello, han demandado al Gobierno «en su deber de velar por la legalidad», que obligue a los monjes a abandonar el recinto y dejar de ejercer «cualquier control sobre el mismo».
El 29 de mayo de 1958 se firmó en Madrid el convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, donde se estableció que un grupo de benedictinos procedentes del Monasterio de Silos se instalaría en el Valle de Cuelgamuros, y que el convenio tendrá una duración indefinida que se mantendría mientras los monjes cumplieran los compromisos que figuran en el mismo.
El convenio, según ha trasladado la asociación, «nunca» ha sido modificado, aunque sí lo hizo la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que desde 1982 pasó a depender de Patrimonio Nacional y en la actualidad depende del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática.
Posteriormente, el 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece una nueva regulación de los convenios, donde en su Disposición Adicional Octava se prorroga de forma automática los convenios indefinidos y se da un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para que sean renovados o quedarán extinguidos el 2 de octubre de 2020.
Así, al no haber sido renovados este Convenio por el Estado, los interesados piden que los monjes benedictinos sean expulsados de las instalaciones del Valle de los Caídos.
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