Movimientos legales, pero polémicos. El vaivén de descartes y nombramientos que recientemente ha tenido lugar en la Audiencia Nacional y que ha acabado con el descarte en el caso de los Papeles de Bárcenas de uno de los magistrados que citó a declarar a Mariano Rajoy por la Gürtel, Julio de Diego, vuelve a poner en entredicho la independencia judicial.
Todo parece apuntar a que el PP se verá beneficiado por los movimientos en el alto tribunal que juzgará próximamente el caso de la presunta contabilidad B del partido, y el principal temor de los populares es una reedición de las imágenes del presidente del Gobierno declarando ante un tribunal en un caso de corrupción, como ocurrió en el juicio de la primera etapa de la Gürtel.
Hace más de dos años, los jueces de la AN Enrique López y Concepción Espejel fueron apartados de ese primer juicio tras considerarse que existía vinculación personal y afinidad ideológica de ambos magistrados con cargos del PP, que iba a ser juzgado a título lucrativo en la causa.
En esa instrucción declaró como testigo Rajoy con el voto favorable de los jueces Julio de Diego y Ricardo de Prada. Pero hace unos días hemos conocido que la Sala de Gobierno de la AN modificó las normas de reparto, de manera que la composición del tribunal que juzgará los Papeles de Bárcenas no contará con uno de esos jueces: Julio de Diego.
A De Prada le acompañarán en el nuevo tribunal María José Rodríguez y Juan Pablo González. ¿Y quién ha decidido esa modificación en las normas de reparto que dio lugar al nuevo esquema? La magistrada recusada Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
De esta manera, es poco probable que el nuevo grupo de jueces encargado de decidir sobre la causa de las anotaciones del extesorero popular sea proclive a citar de nuevo a cargos como Rajoy. De hecho, uno de los magistrados que entra en el tribunal, Juan Pablo González, un juez cuya carrera ha discurrido muy próxima a su afinidad al PP y que fue propuesto como vocal del CGPJ por este mismo partido en 2001.
Estos movimientos sorprenden a los magistrados apartados pero, sobre todo, indignan a las acusaciones populares, las acusaciones que empujan las investigaciones sobre las presuntas cuentas en negro del PP, cuando la Fiscalía rechaza personarse: es el caso del juicio por la destrucción de los ‘discos duros de Bárcenas’, causa que desaparecería si no fuese por la personación de Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).
De hecho, el equipo de abogados de IU ha anunciado que contempla recusar al magistrado Juan Pablo González, “así como la impugnación de los acuerdos que establecen la composición de la nueva sala en tanto que vulnerarían el derecho al juez natural predeterminado por la ley”.
La formación denuncia el “golpe contra la imagen de imparcialidad y credibilidad que merece la justicia para la inmensa mayoría de la ciudadanía de nuestro país” al que llevan los “polémicos cambios impuestos hace una semana, conocidos ahora y decididos por la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y magistrada conservadora, Concepción Espejel, para cambiar la composición del tribunal decidida ya hace meses que enjuiciará la denominada ‘caja B’ del PP, una pieza separada de la trama Gürtel”.
Además, esta semana hemos conocido que la Sala segunda de la AN rechaza facilitar a la comisión de investigación de la financiación del PP en el Congreso los documentos relativos a la causa de la caja B. La magistrada encargada de decidir ese veto no es otra que María José Rodríguez, una de las magistradas que juzgará el caso de los papeles de Bárcenas.
La AN denegó el traslado de determinados documentos que este órgano del Congreso había solicitado para esclarecer la supuesta caja B en sede parlamentaria, por tratarse de asuntos que aún se están investigando y que podrían “comprometer”, según los magistrados, la investigación en sede judicial.
La oposición ya han manifestado que ese veto al envío de información pone en jaque a la propia comisión de investigación del Congreso.
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