En mayo de 2016, Banco Popular realizó una ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros. A un año vista, la operación no sólo ha resultado ser una ruina para los accionistas que acudieron a ella, sino que muchos de ellos recibieron un crédito de la propia entidad que presidía Ángel Ron para comprar los títulos, y ahora se encuentran con una deuda contraída para financiar una inversión que no vale nada.
La concesión de créditos para acudir a la ampliación de capital fue un rumor recurrente en los mercados, y acabó siendo confirmada por el sucesor de Ron al frente del Popular, Emilio Saracho, que cifró el importe en 205 millones de euros cuando a principios de abril anunciaba un ajuste de las cuentas de 2016, si bien abría la puerta a ampliar la cifra hasta los 426 millones.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular reconocía “determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros”.
Este ajuste de cuentas es, no obstante, la principal esperanza de los accionistas que acudieron a la ampliación de capital si deciden ir ahora a los tribunales para recuperar su dinero. Así lo considera al menos LEAN Abogados, que explica que el hecho de que las cuentas utilizadas para realizar la ampliación no fueran correctas abre la puerta a una reclamación judicial.
Entre los demandantes podría encontrarse, según publica OK Diario, BlackBird, que ya en junio de 2016 denunció que el Popular estaría actuando “de manera interesada”, utilizando “sus clientes en beneficio propio y convirtiendo ahorro y crédito, en recursos propios”. “El Banco Popular, ha accedido a facilitarnos un préstamo a un tipo del 2,5%, con una comisión de apertura del 0,30% para poder comprar acciones del Banco Popular”, denunciaba ya entonces la firma. “El banco concede préstamos a sus clientes, a cambio de comprar derechos de suscripción preferente, acudir al hecho corporativo y luego depositar los 1,25 euros por acción en la caja del banco”.
Por su parte, El Confidencial señala que la nueva cúpula del Popular tras la compra del Santander ya ha propuesto a los afectados una solución para atender sus deudas, que pasará por un aplazamiento por un período de tres años del crédito concedido para comprar acciones del banco.
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