Según ha avanzado ‘El Confidencial’, recoge Europa Press, el juez ha concluido que las declaraciones no son constitutivas de delito, aunque las considera “poco acertadas y refutables”, y las ampara en el derecho de libertad de expresión.
La Generalitat denunció a Casado después de que el exlíder popular dijera en un acto del PP en Galicia en 2021: “¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan castellano?”.
En ese acto se preguntó también si “se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en las mochilas”; que se señale a hijos de guardia civiles o agentes de Policía Nacional, y que se pida apedrear –en sus palabras– a un niño porque su familia quería que estudiara en español.
Casado defendió en un comunicado, tras declarar ante el juez el 20 de marzo, que estas afirmaciones eran “preguntas retóricas” que reflejaban casos documentados y publicados en la prensa, y aludió al caso del alumno de Canet de Mar (Barcelona) que sufrió presunto acoso por pedir más clases en castellano.
“Lo que es surrealista es que se pretenda imputar un delito de odio cuando lo único que he hecho es defender a las víctimas de quienes se manifiestan, señalan y amenazan a una niña de cinco años”, lamentó.
Además, subrayó que la Generalitat nunca “ha actuado contra los sindicatos policiales” ni fiscales que denunciaron estos casos, ni contra los periodistas que los recogieron en los medios de comunicación. “La información estaba contrastada”, sostuvo Casado sobre sus declaraciones, y añadió que él mismo se reunió con algunas de las familias presuntamente víctimas de señalamientos.
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