El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, en una imagen de archivo. (Foto: Generalitat)
Así lo ha manifestado en sendas entrevistas realizadas con las agencias internacionales AP y AFP recogidas por Europa Press, cuyo contenido también aparece en diversos medios como el Washington Post.
Según Aragonés, los hechos deben obligar al Gobierno a hacer un pronunciamiento claro al respecto «en los próximos días, en la próxima semana», algo que considera que aún no se ha producido.
Así, ha insistido en reclamar al Ejecutivo central que impulse una investigación interna, una comisión de investigación en el Congreso y que determine quién debe asumir responsabilidades por este supuesto espionaje, detrás del cual sospecha que está el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
«Podemos estar seguros de que es el CNI», ha apuntado Aragonés, que ve una motivación política detrás de este supuesto espionaje a independentistas.
En caso de confirmarse que el supuesto espionaje fue dirigido por el CNI, Aragonés ha asegurado que la responsabilidad dentro del Gobierno de Pedro Sánchez «será en función de quién sabía, quién autorizó estas acciones o quién no».
«Y cuando hablo de responsabilidad, quiero decir que necesitaremos ver renuncias», añade el presidente catalán, que cree que el Ejecutivo central puede averiguar lo que necesite en muy poco tiempo, según sus palabras.
Tras asegurar que el CNI aún no ha negado haber comprado el software espía Pegasus, ha criticado que el Gobierno se escude en que las actuaciones de este órgano de inteligencia están sujetas a la legalidad vigente y que sus actuaciones son secretas.
Aunque ha evitado poner plazo a una eventual retirada del apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, ha avisado de nuevo de que, «si no se restaura la confianza, es muy difícil que haya acuerdos como los que ha habido en el pasado».
Así, ha asegurado que las relaciones con el Ejecutivo central están «en suspenso» y que el apoyo de su formación y las negociaciones sobre el conflicto catalán no pueden seguir a menos de que el Gobierno abra una investigación y purgue a los responsables del presunto espionaje.
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