Así lo establece, ha anunciado el Ejecutivo autonómico, el dictamen elaborado por el Consejo Consultivo de Aragón, cuyas conclusiones han explicado el vicepresidente primero y coordinador del Grupo de Trabajo que prepara el Recurso de Inconstitucionalidad, Alejandro Nolasco; y la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero.
Según Nolasco, el dictamen señala que “los delitos que se pretenden amnistiar afectan a España en su conjunto como Estado”. “Un Estado del que las comunidades autónomas forman parte, por lo que Aragón, al ser una de las comunidades afectadas, tiene todas las razones fundadas para presentar este recurso”.
“Hay razones de peso, tanto históricas, económicas, sociales y culturales para que el Gobierno de Aragón defienda la igualdad entre todos los españoles”, ha incidido, detalla en una nota. “De hecho, en el preámbulo de la Ley Orgánica de Amnistía”, incide, “se admite que es una ley que ‘exime de responsabilidad únicamente a las personas que cometieron ciertos hechos en un periodo de tiempo concreto’”. Algo que ha calificado como “una situación de arbitrariedad que vulnera el mismo trato ante la justicia que merecen todos los españoles”.
El vicepresidente primero ha analizado, en base al dictamen, que “la amnistía ha sido una exigencia de grupos políticos independentistas para otorgar sus votos en la investidura parlamentaria del presidente del Gobierno”. “Es decir, la causa eficiente de la ley no es ni la pacificación social, ni la justicia, ni el asentamiento de la democracia, ni la reconducción de las aspiraciones secesionistas dentro de la legalidad constitucional… simplemente es la contrapartida exigida por los votos que permiten el acceso al poder”, ha criticado.
Otro argumento del dictamen es que “ante unos mismos hechos tipificados como delitos o infracciones administrativas, hay quienes sí asumen las responsabilidades penales, administrativas y contables que establece la ley; y hay otros que quedan exentos dichas responsabilidades”. Para Nolasco supone “un trato diferenciado entre ciudadanos que afecta al principio de seguridad jurídica”.
El dictamen del Consejo Consultivo de Aragón alude también a las “contradicciones” del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al respecto. Así, Nolasco se ha referido a los “distintos criterios” adoptados antes y después de las elecciones de noviembre de 2019 respecto a los indultos o a los “cambios de opinión” respecto a la amnistía expresadas antes y después de generales de 2023.
“Evitar este atropello”
Aragón, según el vicepresidente primero del Gobierno autonómico, “luchará con todas las vías legales a su alcance para evitar que este atropello de la igualdad legal entre aragoneses y el resto de españoles se produzca”.
“La Ley Orgánica de Amnistía”, ha remarcado, “vulnera el principio de la división de poderes y supone un ataque contra la Constitución”. Y todo, ha lamentado, “para elaborar un traje a medida para que Pedro Sánchez contara con el apoyo de los independentistas en su investidura como presidente del Gobierno central”.
“Escudo político”
Por su parte, la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha advertido que Aragón será un “escudo político” y que “perseguirán por todos los cauces legales cualquier ataque y menoscabo a los intereses de los aragoneses”. “Ni nos callaremos, ni lo toleraremos”, ha subrayado Vaquero, al tiempo que ha asegurado que “no sólo vamos a perseguir este caso, sino todos aquellos que, vengan de donde vengan, pretendan llevar a cabo este ataque al sistema político que nos dimos en 1978”.
En este sentido, la portavoz ha añadido que el Gobierno de Aragón “no va a tolerar ningún intento de romper nuestro país, ni para aceptar como normal el trato de favor a unos delincuentes por el mercadeo de unos votos en el Congreso de los Diputados”. Y con la aprobación de la Ley de Amnistía se produce un “ataque” a la Constitución, efectuado “fuera del ámbito de los derechos y libertades”, vulnerando asimismo la “libertad”.
“Cualquier gobernante debe saber que no está por encima ni es más importante que el pueblo al que gobierna”, ha señalado Vaquero, ya que “si no se respeta la ley, no se respeta la libertad y la democracia”. “Nunca se había puesto tanto en peligro nuestro sistema democrático, el estado de derecho, la paz y convivencia de los españoles”, ha asegurado.
