Según el PSOE andaluz, promotor de la denuncia que ha dado pie a estas diligencias y parte personada en la causa judicial, desde que “en la primavera del año 2021 las administraciones determinaron que ya no se podía utilizar ese procedimiento de contratación de emergencia” por la pandemia y que, por tanto, “había que comenzar a desarrollar de nuevo los procedimientos de contratación pública ordinarios”, el Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud habría “hecho oídos sordos a esa derogación de la norma y había continuado exactamente igual, como si se siguiera en periodo” de emergencia sanitaria.
Según el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, la Consejería de Salud empleó para ello una fórmula, a su juicio, “absolutamente irregular” y que podría constituir “un delito de prevaricación”, llevando a cabo “adendas y prórrogas de contratos de emergencia anteriores durante la época de Covid, estirando la posibilidad de no tener que someterse a procedimientos ordinarios, a concursos”, y todo ello “por unas cantidades que al final prácticamente alcanzan los 300 millones de euros”.
El secretario general del PSOE-A aseveraba que se percibe así “un ‘modus operandi’” por parte de la Junta, no de “un expediente puntual” o “algo aleatorio o excepcional”, sino de un modo de actuar que se repitió “un mes tras otro y hasta prácticamente mediados del 2023”.
Mientras el asunto incluye el supuesto fraccionamiento de contratación en el Servicio Andaluz de Salud en 2021 para convertirlos en contratos menores y con ello sometidos a una menor fiscalización, Espadas enfatizaba que “lo que hay por delante es la investigación al Gobierno” de Moreno “por irregularidades claras, graves, y por prácticamente 300 millones de euros de contratación pública a dedo”.
El Gobierno andaluz, de su lado, viene alegando que en 2021 la situación era “prácticamente de pleno Covid y el objetivo era salvar vidas”.
En cualquier caso, y según ha informado el TSJA, el Juzgado de Instrucción número 13 tiene ya por personado al PSOE como acusación popular tras haber abonado el pago de la fianza requerida, precisando que el auto de incoación de diligencias previas, que fueron incoadas por un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa, el juez solicitó documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial.
