La Fiscalía Anticorrupción informará previsiblemente al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a favor de admitir las querellas y denuncias presentadas por bufetes y asociaciones de consumidores en nombre de los afectados por la resolución del Banco Popular.
La Fiscalía Anticorrupción informará previsiblemente al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a favor de admitir las querellas y denuncias presentadas por bufetes y asociaciones de consumidores en nombre de los afectados por la resolución del Banco Popular.
Lo adelanta elconfidencial.com, digital que también informa que el Ministerio Público quiere evitar que se genere una macrocausa y, dada la gran disparidad de querellados y de posibles delitos, baraja la idea de proponer la apertura de varias piezas separadas. Haciendo notar que el criterio del fiscal marcará el inicio de una instrucción que se prevé larga.
Recuerda elconfidencial.com que en julio se habían presentado más de 10 denuncias o querellas por este asunto, y probablemente el número se habrá incrementado desde entonces”.
Recuerda este diario online que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsó la división de los grandes casos como este en piezas separadas integradas en un mismo sumario y unidad por la conexidad, ya “la aplicación de este criterio agiliza la instrucción y permite celebrar lo antes posible el juicio oral de cada uno de estos procedimientos”. Y “se evitarían de esto modo sumarios como el del caso Bankia, que lleva abierto desde 2012 y todavía no se ha juzgado (de hecho, aún no está claro quiénes se sentarán en el banquillo)”.
Y señala que la Fiscalía también ha apreciado una dificultad añadida que aconseja la división de la causa del Popular en pequeños procedimientos vinculados: cada denunciante o querellante acusa a personas distintas y por delitos diferentes. Esta heterogeneidad hace casi inviable que se investigue todo en una única causa sin desgajar.
Y en cuanto a los tipos penales, hay acusaciones de estafa a inversores, falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida (referida a los bonus, pensiones e indemnizaciones, en especial los 24 millones concedidos a Ron) y hasta información privilegiada. El número de piezas y el contenido de cada una dependerán de la opinión del fiscal y la decisión final del juez, que se espera para la vuelta de vacaciones.
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