Andalucía blinda las viviendas protegidas contra los fondos buitres

Susana Díaz quiere acabar con las prácticas de los conocidos como fondos buitre en el mercado inmobiliario. La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que modifica el Reglamento de la Vivienda Protegida en esta región, vigente desde 2006, para “reforzar el carácter social del parque residencial de titularidad pública y blindarlo ante el capital privado”.

Esta norma, denominada Decreto de Defensa de la Vivienda del Parque Público Residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incrementa las garantías para “evitar que estos inmuebles puedan acabar en manos de los denominados fondos buitre, con el consiguiente perjuicio para las familias con escasos recursos”. Así lo explica la Junta en una nota en la señala que el texto prohíbe expresamente la venta de una vivienda propiedad de cualquier administración pública a personas jurídicas.

Además en este decreto “se define con más detalle quiénes pueden ser titulares de viviendas protegidas y en qué situaciones puede acceder a la misma”, estableciendo nuevos mecanismos para asegurar que sean siempre domicilio habitual y permanente de las familias adjudicatarias”. De este modo, la norma fija “que solo serán beneficiarias las personas físicas, nunca las jurídicas”, aunque “exceptúa a las entidades sin ánimo de lucro, que podrán ser arrendatarias siempre que los usuarios finales pertenezcan a colectivos con especiales dificultades para el acceso a una vivienda”.

Por otra parte, se generaliza la posibilidad de las administraciones de “ejercer el derecho de tanteo y retracto a cualquier vivienda protegida, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, con independencia del plan en cuyo marco se haya calificado” y se impide el alquiler turístico. Para ello, el Ejecutivo andaluz refuerza la obligación de que el inmueble sea para las familias autorizadas y no para terceras personas.

El decreto aprobado por la Junta de Susana Díaz, continúa el mencionado comunicado, también modifica el reglamento de estos registros para “dar prioridad en los procesos de adjudicación a personas inscritas promotoras de cooperativas de viviendas y no, como venía ocurriendo hasta ahora, a demandantes que manifiestan su interés en formar parte de las mismas”.

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